El Organismo de Investigación Judicial (OIJ) confirmó que estructuras del crimen organizado financian a mineros ilegles para extraer oro en Crucitas, en San Carlos, Costa Rica.
Según la autoridad, el material lo trasladan luego hacia Nicaragua, donde lo procesan y comecializan con mayores ganancias.
El director interino del OIJ, Michael Soto Rojas, explicó que el auge del oro en la zona fronteriza convirtió a Crucitas en un foco de interés para organizaciones locales y extranjeras.
“Pareciera ser que hay estructuras criminales que contratan a estas personas para que hagan la labor de extracción de la amalgama y procesarla en otro lugar”, afirmó.
Rutas clandestinas hacia el río San Juan
Un recorrido periodístico del diario CRHoy constató el paso de decenas de personas que cargan sacos con bloques de tierra por sectores como Chorreras, El Carmen, Tiricias y Llano Verde.
Los mineros cruzan por fincas privadas hasta llegar a Delta Costa Rica, en la ribera del río San Juan, donde lanchas con bandera nicaragüense facilitan el traslado del material.
Según las autoridades, esta modalidad reduce riesgos, ya que el procesamiento final —mediante cianuro u otros químicos— se realiza fuera del territorio costarricense.
El ministro de Seguridad Pública, Mario Zamora, aseguró que el fenómeno evolucionó de minería artesanal a operaciones dirigidas por el crimen organizado.
Túneles y devastación ambiental
Zamora detalló que los grupos incorporaron técnicas especializadas, excavando túneles de más de 60 metros para alcanzar la veta de oro.
La semana pasada, las autoridades colocaron explosivos en 114 túneles, que fueron destruidos para impedir el acceso.
El jerarca indicó que cada onza de oro alcanza un valor cercano a $5.000, y de cada saco pueden extraerse hasta dos onzas.
Además, se estiman 3.000 hectáreas afectadas por la actividad ilegal, con presencia de lagunas contaminadas por mercurio y cianuro.
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Delitos conexos y llamado diplomático
El OIJ alertó que el fenómeno está vinculado con trata de personas, narcoactividad y tráfico de armas, además de posibles casos de explotación laboral de migrantes nicaragüenses.
Políticos costarricenses y nicaragüenses acusan a la dictadura sandinista de impulsar el tráfico de oro ilegal para beneficiar a empresas chinas, aunque Nicaragua lo niega.
Ante el incremento del contrabando, Zamora remitió un oficio al canciller Arnoldo André Tinoco para gestionar ante Nicaragua un refuerzo de operativos en la ribera del río San Juan y contener el flujo ilegal de oro desde Crucitas.
