Luego de más de diez años desde que estalló el escándalo de la empresa brasileña Odebrecht por presunto pago de sobornos en América Latina, el juicio en Panamá entra este lunes en su etapa final con la presentación de los alegatos del Ministerio Público y de las defensas de los 20 acusados por blanqueo de capitales.
La audiencia está programada para las 2:00 de la tarde en el palacio Gil Ponce, sede del Órgano Judicial panameño. El Ministerio Público abrirá la jornada con la exposición de sus alegatos finales a cargo de los fiscales del caso, seguido por los abogados defensores de los imputados.
El proceso penal estaba inicialmente previsto que culminara el 13 de febrero, sin embargo, la jueza del caso, Baloísa Marquínez, explicó que la resolución se retraso para comenzar la etapa final hasta este lunes por “compromisos institucionales” y por los recesos que se aprobaron en la presentación de pruebas.
Si bien el juicio penal inició el 12 de enero y tras casi dos meses la resolución estaría más cerca para los imputados, entre ellos, expresidentes de la República, exministros y empresarios panameños.
Aunque el proceso se inició contra 23 acusados, la jueza Marquínez recibió tres solicitudes de acuerdos de penas y también procesa aparte un amparo de garantía a favor de Aaron Mizrachi, que fue apelado por el Ministerio Público.
Además, se está llevando aparte el proceso del expresidente Juan Carlos Varela; el exministro de Obras Públicas, Jaime Ford; y los hijos del expresidente Ricardo Martinelli Berrocal: Luis Enrique y Ricardo Martinelli Linares, cuyo trámite está en manos de la Corte Suprema de Justicia (CSJ).
Juicio inició tras 11 de retrasos
A pesar de que el juicio inició hasta este año, las investigaciones comenzaron en 2015, cuando la empresa Odebrecht confesó en Estados Unidos que desembolsó millones de dólares para pagar sobornos a funcionarios y empresarios para hacerse acreedor de múltiples proyectos en varios países de Latinoamérica.
El juicio se retraso durante 11 años porque los defensores interponían múltiples recursos de amparos de garantías, solicitudes de información internacionales, prórrogas de enfermedad y ausencias. La Fiscalía argumenta las acusaciones de blanqueo de capitales con informes financieros de transferencias millonarias entre sociedades.
