El Departamento de Seguridad Nacional de Estados Unidos (DHS) reveló que Nicaragua y Honduras figuran entre los países cuyos ciudadanos registraron mayores porcentajes de ingresos irregulares a territorio estadounidense entre febrero de 2021 y enero de 2025. Según datos de la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP), el 8 % de la población total de Nicaragua y el 5 % de Honduras cruzó ilegalmente hacia EE.UU. durante ese período.
La información, publicada por el DHS en la red social X, también incluye a Cuba, con un 7 %, y Haití, con un 6 %.
“Durante la era Biden, el 8% de TODA la población de Nicaragua ingresó ilegalmente a Estados Unidos”, señaló la entidad en una publicación en la red social X.
El departamento sostuvo que el número total de migrantes irregulares provenientes de estos países asciende a varios millones.
The Biden Administration turned America into a dumping ground for criminals from the third world.
During the Biden era:
-8% of the ENTIRE population of Nicaragua illegally entered the US.
-This is in ADDITION TO 7% of Cuba, 6% of Haiti, and 5% of Honduras.
We must never… pic.twitter.com/ntKqDlFcye
— Homeland Security (@DHSgov) February 18, 2026
Las declaraciones forman parte de una postura reiterada del DHS y de la secretaria Kristi Noem, quien responsabiliza a la administración del expresidente Joe Biden por el aumento de los cruces fronterizos.
Durante una entrevista en Eagle Pass, Texas, Noem afirmó que bajo el actual gobierno se logró “La frontera más segura en la historia de esta nación” y que la situación cambió drásticamente tras la llegada del presidente Donald Trump.
Noem aseguró que la crisis fronteriza anterior provocó miles de muertes y fortaleció redes de tráfico de drogas y personas. “Esto se detuvo inmediatamente cuando el presidente Trump asumió el cargo”, afirmó. Las autoridades estadounidenses mantienen los esfuerzos de deportación mientras enfrentan críticas de sectores demócratas y organizaciones que cuestionan las tácticas de control migratorio.
El fenómeno migratorio ha tenido un fuerte impacto en Nicaragua y Honduras, países que enfrentan presiones económicas, políticas y sociales que impulsan la salida masiva de ciudadanos. Los datos oficiales reavivan el debate sobre la seguridad fronteriza, la política migratoria de Estados Unidos y las causas estructurales que continúan alimentando la migración irregular desde Centroamérica.
