La Procuraduría General de la República (PGR) de Honduras está trabajando en la creación de un manual para realizar despidos de empleados públicos, con el que esperan cumplir con los derechos de los trabajadores y evitar demandas contra el Estado.
El titular de la PGR hondureña, Dagoberto Aspra, aseguró que junto a la Secretaría de Trabajo están creando un manual para despidos de empleados del Gobierno, en el que dijo están respetando los derechos laborales y que estaría sustentado en el Código de Trabajo vigente.
Aspra dijo que esperan que el manual esté terminado este viernes y este permitiría que los jefes de unidades y funcionarios a cargo puedan seguir pasos para hacer efectivos los despidos de empleados públicos, previendo la mayoría de escenarios en una relación patrono-empleado.
“Estamos trabajando en un manual, el manual esperamos tenerlo listo el viernes, hemos estado trabajando con la Secretaría de Trabajo, lógicamente respetando los derechos de los trabajadores y sustentado en el Código de Trabajo” dijo Aspra.
El funcionario aseguró que la creación del manual ha sido su iniciativa “para ayudar a todos los funcionarios en los procesos de despido y que el Estado de Honduras no cargue esas demandas millonarias” a las que están haciendo frente actualmente.
El procurador señaló que también han identificado casos “con defectos de origen” en relaciones patronales, por lo que, dice el manual permitiría evitar una “contingencia fiscal grave” para gobiernos futuros, porque actualmente están afrontando una iliquidez del gobierno.
No contratarán a quienes tienen demandas pendientes contra el Estado
Aspra aseguró que han enviado una circular a los funcionarios de instituciones para que no contraten a personas que mantienen casos pendientes en demandas contra el Estado y que de haberlas contratado tendrán que retirarlas porque “será sancionado el titular” de la entidad que realice la contratación.
Esta semana se conoció que la alcaldía de El Corpus, en Choluteca enfrenta un demanda laboral colectiva por 63 millones de lempiras ($2 millones), lo que implicó el embargo de la cuenta bancaría de la comuna. Los trabajadores exigen pagos atrasados, indemnizaciones y otras prestaciones económicas.
