El gobierno de la expresidenta Xiomara Castro destinó casi 3 millones de lempiras (unos $113,559) en pauta publicitaria para el canal TeleSUR durante 2023, según reveló una investigación publicada por el diario hondureño El Heraldo. La cadena, propiedad del régimen venezolano, recibió los pagos por medio de la Secretaría de Planificación Estratégica (SPE), pese a que su registro mercantil local ocurrió hasta agosto de ese mismo año.
Los documentos obtenidos desde el Portal Único de Transparencia evidencian siete pagos por concepto de “spot publicitario escrito y transmitido”, sumando 2,930,840 lempiras —equivalentes a aproximadamente $113,559—. El primer pago fue de 354,446 lempiras, y los siguientes seis ascendieron a 429,399 lempiras cada uno. La documentación también demuestra que las facturas fueron emitidas entre octubre y diciembre, aunque corresponden a servicios prestados desde junio hasta diciembre.
Los pagos se efectuaron pese a que la sucursal de TeleSUR en Honduras fue legalizada hasta el 4 de agosto de 2023. La ruta del dinero sugiere que la contratación se formalizó antes de su inscripción oficial como empresa extranjera en el país. El registro mercantil indica además cambios en la representación legal del canal y detalla su domicilio en Comayagüela, Tegucigalpa.
Durante el periodo en que se realizaron los pagos, TeleSUR mantuvo una cobertura editorial alineada con la narrativa del gobierno de Xiomara Castro. El canal promovió temas como la alianza con Canal 8 y la crisis política en el Congreso Nacional, en paralelo a la entrega de fondos estatales, lo que según el medio investigador refuerza la “convergencia ideológica” entre el contenido difundido y los intereses del Ejecutivo.
Aunque el informe aclara que no se ha comprobado ninguna ilegalidad contractual, el uso de fondos públicos en un medio estatal extranjero —afín al bloque bolivariano— plantea dudas sobre la transparencia del gasto. Aún no se ha aclarado el contenido exacto de lo contratado, ni existen reportes públicos sobre frecuencias, métricas de impacto o plan de medios.
“El punto crítico ya no es si hubo pagos, sino qué compró exactamente el Estado con ese dinero y qué evidencia presentó para demostrar su efectividad”, concluye la investigación.
