A pocas horas del relevo presidencial en Honduras, decisiones administrativas tomadas por el gobierno saliente de Xiomara Castro han generado críticas y debate, al oficializarse nombramientos y reubicaciones de altos funcionarios justo antes de la toma de posesión del nuevo mandatario.
En el tramo final de su gestión, la presidenta saliente aprobó una serie de movimientos dentro del aparato estatal que fueron publicados en el Acuerdo Ejecutivo No. 7-2026, divulgado en la Gaceta número 37,052, con fecha sábado 24 de enero.
El documento, de 78 páginas, detalla cancelaciones, nuevos nombramientos y reubicaciones de funcionarios de alto nivel, cuyos efectos entrarán en vigencia a partir del inicio del nuevo período presidencial, encabezado por Nasry Asfura.
Aunque el acuerdo formaliza la salida de varios servidores públicos, también evidencia la reubicación de otros en distintas dependencias del Estado, una decisión que ha sido interpretada por analistas como un intento de asegurar continuidad laboral dentro del nuevo gobierno.
Uno de los nombramientos más cuestionados es el de Enrique Reina, designado como director del Fondo de Seguro de Depósitos (FOSEDE), una institución clave para la estabilidad del sistema financiero hondureño.
Reina se desempeñó como canciller durante el gobierno de Castro y fue candidato a designado presidencial, lo que ha llevado a diversos sectores a señalar su designación como uno de los movimientos más polémicos del cierre de mandato.
Otro caso relevante es el de Sarahí Cerna, nombrada como directora del Banco Central de Honduras, una entidad estratégica para la política monetaria y económica del país, tras haber ocupado cargos de alto nivel en la administración saliente.
El conjunto de estos movimientos ha reforzado la lectura política de que el gobierno saliente buscó cerrar su ciclo administrativo sin dejar fuera a figuras clave, en una transición que no solo es observada a nivel nacional, sino también por actores regionales atentos al impacto institucional en Honduras y Centroamérica.
