La expulsión mutua de embajadores entre España y Nicaragua marca un nuevo punto de quiebre en las ya deterioradas relaciones entre Madrid y Managua, en un contexto que, según el sociólogo y analista político nicaragüense nacionalizado español Óscar René Vargas, carece de “una razón lógica o coherente”.
Según él, la medida responde más bien a una reacción política de la dictadura de Daniel Ortega y Rosario Murillo frente a su creciente aislamiento internacional.
“No hay una razón lógica o coherente para la expulsión de los diplomáticos españoles: evidentemente existe un problema histórico desde que España otorgó la nacionalidad a los 222 que fuimos desterrados, y a partir de ahí se generó un conflicto directo para la dictadura”, sostiene Vargas.
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Dictadura más aislada
A su juicio, la decisión tiene un primer impacto claro: “un mayor aislamiento, no solo con España, sino con la Unión Europea”, ya que España actúa como “uno de los principales interlocutores de América Central ante Europa” y muchos países europeos “se basan en lo que informan, analizan u opinan los españoles sobre la realidad latinoamericana”.
El conflicto estalló formalmente cuando el régimen nicaragüense ordenó la expulsión del embajador español en Managua, Sergio Farré Salvá, junto con el ministro consejero Miguel Mahiques Núñez, apenas semanas después de que Farré presentara sus cartas credenciales ante la Cancillería sandinista, el pasado 2 de enero de 2026.
En respuesta inmediata, el Gobierno de España decretó la expulsión del embajador designado por Nicaragua en Madrid, Maurizio Carlo Alberto Gelli, de origen italiano, así como de otro diplomático de la legación nicaragüense.
Para Vargas, la medida no solo no aporta ningún beneficio político al régimen, sino que constituye una “movida política completamente improductiva”.
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Repercusiones en Unión Europea
“Con esta decisión no resuelven absolutamente nada; al contrario, pierden a un potencial aliado dentro de la izquierda europea, con capacidad de incidencia tanto en Europa como en América”, afirma.
En su análisis, se trata de un “error político autoforzado”, producto de la incapacidad del régimen de reconocer su propio deterioro: “no aceptan ni reconocen que se están hundiendo y, con ellos, están hundiendo al país. En lugar de sumar aliados, se aíslan más y se debilitan”.
El sociólogo subraya que esta ruptura va más allá de un desencuentro bilateral. “Ya no se colocan únicamente en contra de España, sino en contra de un bloque mucho más amplio: Europa”, advierte.
Según Vargas, la dictadura intentará justificar la expulsión alegando que los diplomáticos españoles “atentan contra la seguridad nacional”, cuando se reunen con ciudadanos españoles para escuchar sus preocupaciones frente al régimen, pero recuerda Vargas que esa es “una actividad absolutamente normal de cualquier embajada”.
Dictadura debilita su canal de comunicación con Europa
El problema, añade, es que esa lógica abre un escenario de confrontación con otros países europeos: “esto tendrá repercusiones no solo con España, sino con otros países europeos que hacen exactamente lo mismo. Entonces la pregunta es: ¿los van a expulsar a todos?”.
Un cuarto impacto señalado por Vargas tiene que ver con las propias capacidades diplomáticas del régimen. “Las actividades que ellos mismos desarrollaban en España a través del embajador —ese italiano mafioso dice Vargas— quedan ahora prácticamente anuladas”, afirma.
A su juicio, la dictadura se queda “sin una representación efectiva” y, sobre todo, “sin acceso directo a la Cancillería española”, lo que implica perder “cualquier capacidad real de negociación directa con el Estado español y, por extensión, con Europa”.
El embajador expulsado por España, Maurizio Carlo Alberto Gelli, lo designo el régimen nicaragüense en noviembre de 2022.
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Un italiano sospechoso como “embajador”
Además de representar a Nicaragua ante el Reino de España, también era embajador concurrente en Andorra, Grecia y Eslovaquia, y ocupaba el cargo de representante permanente de Nicaragua ante la Organización Mundial del Turismo (OMT), con sede en Madrid.
Gelli, de origen italiano y nacionalizado nicaragüense, arrastra además antecedentes polémicos.
En 1999, el diario español El Mundo informó que era sospechoso de la justicia italiana por un presunto intento de lavado de dinero vinculado a una fortuna ilegal de unos $1,200 millones acumulada por su padre.
Ese perfil, sumado al actual choque diplomático, refuerza el carácter controvertido de una ruptura que, según Vargas, no solo profundiza el aislamiento del régimen, sino que evidencia su creciente debilidad política en el escenario internacional.
