El estado de sitio es un régimen de excepción que el Ejecutivo puede decretar cuando existe una grave amenaza al orden constitucional o a la seguridad del Estado en Guatemala.
La Constitución Política y la Ley de Orden Público regulan esta medida, que responde a actos de terrorismo, rebelión, sedición o ataques armados contra autoridades o la población.
También procede cuando existen indicios fundados de sabotajes, secuestros, incendios, asesinatos o atentados, los cuales pueden considerarse guerra civil según el marco constitucional.
Este domingo, el Gobierno de Guatemala decretó estado de sitio como respuesta a una escalada de violencia que alteró el orden público y puso en riesgo la seguridad interna.
Cuándo puede decretarse el estado de sitio
El Ejecutivo puede declarar el estado de sitio ante actividades terroristas o subversivas que busquen cambiar las instituciones públicas por medios violentos.
Además, puede aplicarse cuando hechos graves amenacen la estabilidad del Estado o cuando existan indicios claros de ataques armados contra civiles o autoridades.
La legislación guatemalteca establece que estos escenarios habilitan el uso de medidas extraordinarias para restablecer la normalidad y proteger a la población.
Quién ejerce el control durante el estado de sitio
Durante el estado de sitio, el presidente de la República ejerce el gobierno como comandante general del Ejército, a través del Ministerio de la Defensa Nacional.
En este período, todas las instituciones del Estado deben colaborar con la autoridad militar, dentro de su ámbito de competencia y según lo establece la ley.
Esta coordinación busca reforzar la seguridad ciudadana y garantizar el cumplimiento de las disposiciones oficiales.
🏛️ El Presidente del Congreso de la República, diputado Luis Contreras Colíndres, ante la grave coyuntura de seguridad nacional, manifiesta ⬇️ pic.twitter.com/MEjuuQvaWh
— Congreso Guatemala (@CongresoGuate) January 18, 2026
Medidas autorizadas bajo el estado de sitio
El estado de sitio permite limitar temporalmente derechos como la reunión y la manifestación pública.
Asimismo, autoriza al Ejército a apoyar a la Policía Nacional Civil en tareas de seguridad y control territorial.
Las autoridades pueden realizar allanamientos y controles preventivos conforme a la Ley de Orden Público, además de regular o prohibir la portación de armas.
También pueden implementarse toques de queda u otras disposiciones de control, según la evaluación de las autoridades competentes.
Intervenciones, detenciones y uso de la fuerza
Durante este régimen de excepción, el Estado puede intervenir o disolver organizaciones, asociaciones o entidades, tengan o no personalidad jurídica, sin previo aviso.
Las fuerzas de seguridad pueden detener o confinar personas sin orden judicial, cuando existan indicios de conspiración contra el gobierno o alteración del orden público.
Además, se autoriza reprimir acciones contrarias a las disposiciones oficiales, mediante medios preventivos, defensivos u ofensivos, según las circunstancias.
El @GuatemalaGob no cederá ni negociará con grupos criminales que intentan desestabilizar al país con cobardes actos de terror.
Nuestro absoluto respaldo a @PNCdeGuatemala y @Ejercito_GT en su valiente labor de resguardar la seguridad de las familias guatemaltecas.
En estos…
— Karin Herrera (@KarinHerreraVP) January 19, 2026
Plazos, sanciones y control legislativo
La ley establece que las detenciones sin orden judicial no pueden exceder las 24 horas después de que finalice el decreto de restricción de garantías.
Las infracciones administrativas a las disposiciones del estado de sitio pueden sancionarse con multas, según lo previsto en la normativa vigente.
Una vez concluida la vigencia del decreto, el presidente debe presentar al Congreso un informe detallado sobre los hechos y las medidas adoptadas.
Las autoridades recalcaron que el estado de sitio no suspende el Estado de Derecho, sino que habilita acciones excepcionales para restablecer el orden público y la seguridad nacional.
