La consejera del Consejo Nacional Electoral (CNE), Cossette López-Osorio, denunció una supuesta persecución política en su contra en Honduras, luego de que la Procuraduría General de la República (PGR) impulsara una acción judicial que, según afirmó, carece de sustento legal y busca intimidarla.
La funcionaria aseguró que distintas instituciones del Estado estarían siendo utilizadas para hostigarla, en un contexto de creciente tensión política y cuestionamientos al funcionamiento de los organismos públicos del país.
López-Osorio sostuvo que un sector del Consejo Nacional Electoral, junto al Ministerio Público y tribunales que no responden oportunamente a sus solicitudes, forman parte de un esquema de persecución en su contra.
A estas acciones, afirmó, se habrían sumado miembros de la milicia, secretarios de Estado y recientemente la Procuraduría General de la República, a la que acusó de actuar con “ignorancia jurídica” y de cumplir un papel “lamentable”.
Circula un video y un comunicado con apariencia de “serio” de un grupo de miembros de juntas responsables de hacer escrutinios en el cual explican que se sintieron agredidos porque se les leyeron las reglas del procedimiento y se hicieron advertencia de ley sobre las actas en…
— Cossette López-Osorio (@CossetteOficial) December 21, 2025
La consejera cuestionó específicamente la presentación de un recurso de Habeas Corpus por parte de la PGR, al señalar que este instrumento no puede ser usado para intentar aprehender o hostigar a una persona que se encuentra en libertad.
Explicó que el Habeas Corpus es una garantía constitucional destinada exclusivamente a verificar la legalidad de una detención y la integridad de una persona que esté bajo custodia del Estado, y no para “simular preocupación” por su bienestar.
En un mensaje difundido en redes sociales, que superó las 15 mil visualizaciones, López-Osorio remarcó que se encuentra en libertad y que ejercer su derecho a decidir sobre su vida personal y cumplir con su trabajo debería ser suficiente, advirtiendo que el uso indebido del derecho constituye una señal clara de persecución política en Honduras.
