Guatemala vuelve a situarse en el centro de la ofensiva del crimen organizado transfronterizo tras la aparición del Cártel de Chiapas y Guatemala (CCYG), una nueva estructura criminal que disputa el control de rutas estratégicas entre México y Centroamérica.
El grupo, de reciente formación, cobró notoriedad luego de enfrentamientos armados registrados en los departamentos de Huehuetenango y San Marcos, zonas clave de paso hacia el sur de México y corredores utilizados para el tráfico ilícito.
De acuerdo con investigaciones citadas por medios mexicanos, el CCYG mantiene disputas territoriales con organizaciones consolidadas como el Cártel de Sinaloa y el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), además de posibles vínculos con estructuras criminales ya asentadas en la región.
Analistas en seguridad regional señalan que este nuevo cártel podría haberse originado a partir de células locales, alianzas criminales y desertores de otros grupos, reflejando la fragmentación del crimen organizado en las rutas fronterizas.
La expansión del CCYG también ha intensificado la violencia en comunidades fronterizas, provocando desplazamientos forzados de familias que quedan atrapadas entre enfrentamientos armados y el control criminal del territorio.
Uno de los ejes centrales de la disputa es el control de rutas migratorias, un negocio que combina tráfico de personas, extorsión y cobros ilegales, además del paso de drogas y armas hacia el norte del continente.
Esta dinámica ha obligado a las autoridades de Guatemala y México a reforzar la presencia policial y militar, mientras miles de migrantes y pobladores locales enfrentan condiciones de alto riesgo en zonas dominadas por grupos armados.
La aparición del Cártel de Chiapas y Guatemala representa un desafío urgente para Centroamérica, donde la cooperación internacional y la respuesta coordinada se vuelven indispensables para frenar la expansión de redes criminales que operan sin respetar fronteras.
