La Corte Federal del Distrito Norte de California postergó hasta el 22 de enero de 2026 la decisión final sobre la cancelación del TPS. Esto deja en incertidumbre a miles de hondureños, nicaragüenses y nepalíes que dependen de esta protección migratoria.
La jueza de la Corte Federal del Distrito Norte de California decidió suspender la audiencia programada para este 18 de noviembre de 2025. Así, fijó una nueva fecha.
Este cambio mantiene la incertidumbre para más de 55,000 hondureños, 4,000 nicaragüenses y miles de nepalíes que siguen a la espera de una resolución. Muchos de ellos viven en Estados Unidos desde hace más de dos décadas y dependen de este estatus para trabajar y mantenerse en el país.
¿Qué ocurre con los permisos de trabajo?
La extensión automática del permiso de empleo sigue vigente. Esto permite a los beneficiarios continuar trabajando durante los próximos 64 días. Esto fue confirmado por USCIS y E-Verify, tras la orden de suspensión emitida en julio de 2025.
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Esa orden pausó temporalmente la cancelación del TPS. También evitó que los beneficiarios perdieran su estatus legal mientras la Corte analiza los argumentos de las partes involucradas.
Lo que se esperaba en la audiencia de noviembre
La audiencia de este 18 de noviembre era clave porque la jueza escucharía los argumentos de los demandantes y del Departamento de Seguridad Nacional (DHS) de Estados Unidos.
La demanda cuestiona la decisión del DHS de terminar el TPS para Honduras, Nicaragua y Nepal. El análisis se centra en si la cancelación cumplió los requisitos legales. Además, evalúa si se realizó sin considerar las condiciones actuales de los países beneficiarios.
Escenarios posibles en enero de 2026
En la audiencia del 22 de enero, la jueza podría:
Extender o restablecer el TPS: Esto mantendría el estatus migratorio y los permisos de trabajo, evitando deportaciones y permitiendo que las familias continúen con su vida en Estados Unidos.
Confirmar la cancelación: En ese caso, las fechas de expiración anunciadas por el DHS entrarían en vigor y miles de personas quedarían expuestas a la pérdida de sus permisos de trabajo y a procesos de deportación.
Impacto para la comunidad hondureña
El futuro de más de 55,000 hondureños depende de esta decisión judicial. Muchos enfrentan la posibilidad de regresar a un país con altos niveles de violencia, poca estabilidad económica y escasas oportunidades laborales. Diversas organizaciones, como la Fundación 15 de Septiembre, han advertido que Honduras no está en condiciones de recibir a esta población.
