El informe “Drugs, Guns and Cash: A Strategic Threat to the Americas” señala que el crimen organizado ha dejado de ser solo un problema de seguridad: hoy es un obstáculo directo para el crecimiento económico y la estabilidad social en Centroamérica.
De acuerdo con los cálculos citados en el documento, la violencia, la extorsión, la evasión fiscal y el narcotráfico provocan pérdidas anuales de más de $36,000 millones en conjunto para los países de la región.
El estudio subraya que los costos se reparten en múltiples frentes: menor inversión extranjera, destrucción de infraestructura, fuga de capitales, pérdida de productividad y gastos crecientes en seguridad pública.
El crímen en el Tríangulo Norte
Los autores advierten que los países con mayores tasas de criminalidad, como Honduras, El Salvador y Guatemala, son los más afectados, pero que el impacto económico se extiende también a Panamá, Costa Rica y Nicaragua, que enfrentan nuevos flujos de migración y contrabando.
El documento, elaborado por el sector privado guatemalteco, sostiene que la falta de coordinación regional agrava las pérdidas. Cada país actúa de forma aislada, lo que permite que los grupos criminales se desplacen fácilmente hacia jurisdicciones con menor control.
La debilidad institucional y la corrupción política continúan siendo factores centrales. El informe destaca que en varios países los sistemas judiciales tienen una efectividad inferior al 20 %, y que la impunidad refuerza la expansión de las economías ilegales.
El estudio también advierte que la falta de empleo y la desigualdad siguen alimentando el ciclo delictivo. En promedio, más del 40% de los jóvenes centroamericanos carecen de oportunidades laborales o educativas. Esto los convierte en población vulnerable al reclutamiento de pandillas.
Efectos sociales de la violencia
Los efectos sociales son igual de graves: el miedo a la violencia y la extorsión está impulsando una migración constante. Miles de familias abandonan sus comunidades cada año. Esto debilita el tejido social y reduce la mano de obra disponible.
El informe advierte que este éxodo tiene un costo adicional para los Estados: la pérdida de capital humano y el aumento de la dependencia de las remesas, que en varios países ya superan el 25 % del PIB.
El documento resalta que las empresas privadas también son víctimas directas del crimen. El 65 % de las compañías en la región ha reportado pagar algún tipo de extorsión o “cuota” para poder operar sin amenazas.
Ante esta realidad, el estudio propone crear una Alianza Regional Anticrimen y Transparencia. Esta alianza sería liderada por el sector privado y acompañada por organismos multilaterales. Tiene el fin de compartir información financiera, coordinar políticas fiscales y reducir espacios de impunidad.
Además, recomienda fortalecer la integración aduanera y digitalizar los procesos de comercio exterior para limitar el contrabando y mejorar la trazabilidad de bienes y capitales.
El documento insiste en que sin transparencia ni inversión en educación, las medidas de seguridad no serán sostenibles. La violencia, dice, es un síntoma de economías estancadas y sociedades sin oportunidades.
El informe plantea la creación de un Fondo Regional para la Resiliencia Económica, financiado por los Estados, el BID y la Unión Europea, destinado a proyectos de empleo juvenil, capacitación técnica y desarrollo rural en zonas de alto riesgo.
La conclusión es tajante: el crimen organizado no solo asesina personas, también mata economías. Si los gobiernos del istmo no coordinan sus esfuerzos, Centroamérica perderá cada año miles de millones de dólares que podrían haberse invertido en desarrollo, educación y paz social.
