El presidente de Guatemala, Bernardo Arévalo, acusó a la fiscal general Consuelo Porras de emprender una campaña injustificada contra el Ministerio de Salud Pública. Según el mandatario, las acciones del Ministerio Público (MP) ponen en riesgo los avances logrados en el abastecimiento de medicamentos y la atención hospitalaria.
“Se están robando la vida de las personas”, afirmó Arévalo en un mensaje que compartió en redes sociales, al señalar que los ataques de Porras buscan detener un sistema de salud que “funciona sin corrupción y con resultados tangibles para la población”.
Arévalo defiende los logros del Ministerio de Salud
El presidente destacó que, bajo su administración (que inició en enero de 2024), los hospitales públicos han mejorado la entrega de medicinas, insumos y equipos. Mencionó testimonios de pacientes y trabajadores que confirman la disponibilidad de tratamientos antes inalcanzables.
“Una paciente del Hospital Roosevelt cuenta que las quimioterapias y las hemodiálisis ahora son gratuitas, y que los medicamentos no faltan. En Villanueva, un enfermo compra más medicinas a menor precio. Y en Occidente, los pacientes ya no se sienten abandonados”, expresó Arévalo.
El mandatario subrayó que el Gobierno ha destinado los recursos “de forma honrada” para fortalecer el sistema de salud, sin desvíos ni intermediarios corruptos. “Esto no es propaganda, son hechos”, recalcó.
La gente se pregunta por qué Consuelo Porras ataca a este gobierno y criminaliza las acciones del @MinSaludGuate. La respuesta es sencilla: porque funcionan. Porque nos permite abastecer a nuestros hospitales con insumos y medicamentos, sin corrupción. pic.twitter.com/KGzUAS1GeO
— Bernardo Arévalo (@BArevalodeLeon) October 29, 2025
Conflicto por el caso UNOPS: corrupción o bloqueo institucional
Las declaraciones del presidente ocurren en medio del conflicto entre el Ejecutivo y el Ministerio Público, que investiga el convenio firmado entre el MSPAS y la Oficina de las Naciones Unidas de Servicios para Proyectos (UNOPS).
El MP, a través de la Fiscalía Especial contra la Impunidad (FECI), dirigida por el cuestionado y sancionado Rafael Curruchiche, sostiene que existen irregularidades en ese acuerdo, incluyendo compras sobrevaloradas y falsificación de documentos presupuestarios.
El 21 de octubre, la FECI presentó el caso denominado “UNOPS: Corrupción Presidencial”, y desde entonces se han efectuado allanamientos en el MSPAS y en empresas farmacéuticas.
Medidas judiciales y tensión política
El 28 de octubre, un juez autorizó el embargo del salario del ministro de Salud, Francisco José Sosa, a solicitud de la FECI. Además, el MP ordenó congelar los pagos a UNOPS. El gobierno calificó esas medidas como ilegales y advirtió que podrían provocar desabastecimiento en los hospitales.
“Solo el 8% de las compras del Ministerio se realiza a través de UNOPS, pero ese 8% es crucial para mantener el suministro de medicamentos”, señaló una fuente oficial del MSPAS.
Arévalo acusó directamente a Porras de actuar con motivaciones políticas. “La gente se pregunta por qué la fiscal general ataca a este gobierno. La respuesta es simple: porque los programas funcionan y porque no hay corrupción”, declaró.
Investigaciones paralelas y denuncias políticas
El 24 de octubre, la diputada Evelyn Morataya presentó una denuncia por presunta sobrevaloración de compras en el área Nor-Oriente del país, que podría estar vinculada al mismo caso. Sin embargo, el Ejecutivo sostiene que esas acciones responden a una estrategia de desgaste impulsada por la cúpula del MP.
En meses anteriores, el Ministerio Público investigó la sustracción de medicamentos en el Hospital de Coatepeque, pero no imputó a altos funcionarios del MSPAS. Para el gobierno, esa diferencia evidencia un patrón de persecución selectiva.
“Estamos transformando la salud pública con honestidad, y eso es lo que les molesta”, afirmó Arévalo, reiterando su respaldo al ministro Sosa y a las políticas sanitarias de su gobierno.
