El Congreso de Guatemala aprobó el martes la nueva Ley para el Combate Frontal de los Grupos Delictivos y Terroristas, una normativa que busca frenar la violencia de las maras tras la reciente fuga de 20 pandilleros. La iniciativa declara terroristas a los miembros de la Mara 18 y Mara Salvatrucha, y aumenta las penas por delitos como extorsión, reclutamiento de menores y agresión sexual.
La aprobación de la ley antipandillas se logró tras largas horas de debate y más de veinte enmiendas negociadas entre diputados oficialistas y de oposición.
La ley declara formalmente terroristas a los miembros de las principales maras que operan en Guatemala, la 18 y la Mara Salvatrucha, aunque deja abierta la posibilidad de incluir nuevos grupos similares. Para ello, el fiscal general deberá solicitar a la Corte Suprema su incorporación dentro del catálogo de delitos de alto impacto.
Entre las novedades más destacadas se incluyen penas de hasta 18 años de prisión para quienes recluten a menores en actividades delictivas y multas que pueden superar los 300 mil quetzales (casi 40 mil dólares). También se castigará la extorsión con penas de seis a doce años, que podrán aumentar si el delito es cometido por un pandillero.
La normativa amplía además el control financiero sobre los procesados. Un juez podrá ordenar la inmovilización de cuentas bancarias durante la investigación, y el Sistema Penitenciario estará obligado a mantener una base de datos actualizada de todos los reclusos, algo que hasta ahora no existía.
Los legisladores coincidieron en que la aprobación de esta ley representa un paso decisivo ante la crisis de seguridad.
“Hoy Guatemala da un paso importante al declarar como terroristas a las acciones de las maras”, expresó el diputado Boris España, mientras otros parlamentarios instaron al Ejecutivo a implementar de inmediato las medidas.
El presidente Bernardo Arévalo deberá ahora decidir si sanciona o veta la ley. En su etapa como diputado, Arévalo había mostrado reservas sobre algunos artículos, aunque reconoció la necesidad de fortalecer las políticas de seguridad. Con esa decisión, Guatemala se suma a países que han catalogado a las maras como organizaciones terroristas, buscando recuperar el control frente a un fenómeno que por décadas ha afectado a miles de familias en Centroamérica.
