Las nuevas órdenes ejecutivas del gobierno de Estados Unidos están generando una fuerte sacudida en el comercio de Centroamérica y República Dominicana, según el análisis de Deloitte. Los aranceles adicionales, junto con nuevas tarifas portuarias y litigios judiciales en curso, redefinen el panorama exportador de la región hacia su principal socio comercial.
Desde el 2 de abril de 2025, Estados Unidos aplica aranceles ad-valorem adicionales sobre la mayoría de sus importaciones, bajo una estrategia de “reindustrialización defensiva”. La medida, establecida en la orden ejecutiva 14257, impone tasas diferenciadas según la relación comercial de cada país.
Nicaragua es la más afectada con un 18 %; seguida de Costa Rica con un 15 %; mientras Guatemala, El Salvador, Honduras, Panamá, Belice y República Dominicana enfrentan un 10 %.
Aunque los beneficios del Tratado de Libre Comercio DR-CAFTA siguen vigentes, el golpe económico se siente con fuerza. En República Dominicana, más del 60 % de las exportaciones de zonas francas van a Estados Unidos, mientras que en Costa Rica casi la mitad de sus ventas externas dependen del mismo mercado. Los nuevos aranceles encarecen los productos centroamericanos y reducen su competitividad frente a rivales como México o Colombia.
El impacto se amplifica en sectores estratégicos como textiles, agroindustria y manufactura ligera. Por ejemplo, los cafés costarricense y hondureño ahora compiten con mayores márgenes de riesgo, mientras que los dispositivos médicos y electrónicos producidos en Costa Rica o República Dominicana podrían encarecerse hasta un 12 % al llegar a puertos estadounidenses.
A esta situación se suma una disputa judicial. El 29 de agosto, un tribunal del Circuito Federal de EE. UU. dictaminó que algunos aranceles violan la Ley de Poderes Económicos en Emergencias Internacionales. Aunque el fallo no los eliminó, el caso será revisado por la Corte Suprema el 14 de octubre, lo que mantiene en vilo a exportadores e inversionistas que podrían enfrentar ajustes retroactivos.
