La Sala Constitucional de Costa Rica (Sala IV) ordenó el viernes a la Presidencia de la República entregar información completa sobre los funcionarios que acompañaron al presidente Rodrigo Chaves durante su comparecencia en la Asamblea Legislativa el pasado 5 de mayo, tras un recurso de amparo presentado por un periodista de Radio Zurquí.
Entre los asistentes figuran funcionarios señalados por operar como troles digitales pagados con fondos públicos.
Mediante la sentencia n.° 2025-032115, los magistrados determinaron que la Casa Presidencial violentó los derechos fundamentales del periodista al no entregar la información solicitada, que incluía puestos y salarios de los asistentes.
“La respuesta fue genérica e incompleta, sin detallar cargos ni salarios”, resolvió la Sala IV, señalando que la Presidencia debe entregar los datos siempre que no contengan información sensible protegida.
El oficio MP-DMP-OF-0792-2025 detalla los salarios de dos figuras clave, el consejero presidencial Ariel Mora Fallas, con salario mensual de 1 millón 543,646 colones (unos $3,000) Se le identifica como administrador de grupos de WhatsApp que hostigan periodistas y opositores. El otro es el consultor presidencial Aleikko Tattoli Dunkley, con salario de 1 millón 438,605 colones (unos $2,870). Este último ha sido vinculado a campañas de desinformación y propaganda a favor de Chaves.
En octubre de 2024, el fiscal general Carlo Díaz Sánchez denunció ante la Asamblea Legislativa que se pagaron hasta $350,000 en bitcoines para financiar campañas de desprestigio en su contra y contra la Sala IV, luego de que esta declarara inconstitucional la llamada “Ley Jaguar”.
“Tengo pruebas, capturas de pantalla donde se ofrece contratar una ‘granja’ por una hora para atacar”, denunció ante la Comisión Legislativa de Control del Gasto Público.
