Un juez federal de Nashville, en el estado norteamericano de Tenessee concluyó el viernes que existen “probabilidades realistas” de que los cargos penales presentados contra el salvadoreño Kilmar Armando Abrego García, un migrante injustamente deportado a El Salvador en marzo, puedan ser un acto de venganza política por parte del Departamento de Justicia (DOJ) y el Departamento de Seguridad Nacional (DHS) de Estados Unidos.
La sentencia, emitida por el juez Waverly Crenshaw Jr., constituye una dura crítica al accionar del gobierno del presidente Donald Trump, y pone en entredicho la legalidad de la imputación realizada 903 días después de la detención original de Abrego García.
El migrante, que había demandado exitosamente su expulsión, fue devuelto a Estados Unidos en junio para enfrentar cargos por presunta conspiración para introducir migrantes irregulares.
Los hechos se remontan a una parada de tráfico en 2022, en la que Abrego García transportaba a varios hombres de origen hispano, algunos de ellos indocumentados. Aunque fue interrogado, no se le imputaron cargos y quedó en libertad. No obstante, tras ganar su demanda contra la deportación —avalada por tres tribunales, incluida la Corte Suprema—, fue acusado formalmente.
El juez Crenshaw subrayó que el único evento relevante entre la detención y la acusación fue la victoria legal de Ábrego García en su proceso por deportación indebida. Esa coincidencia temporal, agregó, apunta a una posible represalia por parte del gobierno de Trump.
Funcionarios de alto nivel, en el centro de la polémica
Uno de los señalados en la sentencia fue Todd Blanche, fiscal general adjunto del DOJ y exabogado de Trump. Crenshaw lo mencionó por declaraciones realizadas en Fox News el mismo día que Ábrego García fue regresado a EE.UU., en las que afirmó que el gobierno investigó el caso solo después de que una jueza cuestionó la deportación.
“El fiscal general adjunto Blanche pudo haber revelado con sus declaraciones que los cargos tienen motivaciones políticas y no legales”, escribió Crenshaw en su sentencia.
Además, el fiscal Ben Schrader renunció el mismo día en que se presentó la acusación, y el juez sugiere que su superior, el fiscal interino Robert McGuire, pudo haber sido presionado por altos funcionarios del DOJ y el DHS para imputar a Ábrego García.
Los abogados de Ábrego García han denunciado que, en lugar de corregir la deportación ilegal, el gobierno inició una campaña pública para desacreditarlo. Trump y sus colaboradores lo acusaron de pertenecer a la MS-13, maltrato a mujeres e incluso terrorismo, sin pruebas.
Crenshaw recordó que, bajo la ley estadounidense, es extremadamente difícil probar un proceso penal vengativo, pero si se demuestra que la Fiscalía actuó por animadversión a raíz de una demanda, los cargos podrían ser invalidados.
El juez autorizó a los abogados de Ábrego García a iniciar un proceso de descubrimiento de pruebas, que permitirá examinar correos, registros y decisiones internas del gobierno que llevaron a la imputación. Este paso es clave para demostrar si la acusación fue realmente un castigo por haber defendido sus derechos constitucionales.
