Honduras mantiene ventajas competitivas que podrían impulsar la inversión extranjera, entre ellas su ubicación estratégica cercana a Estados Unidos, recursos naturales abundantes, un puerto de aguas profundas y el respaldo de programas económicos con el Fondo Monetario Internacional (FMI). Sin embargo, persisten obstáculos que limitan la expansión de nuevos proyectos, especialmente en un contexto de incertidumbre política y regulatoria, advierte el informe sobre Clima de Inversión del Departamento de Estado de EEUU publicado el viernes.
En 2024, más de 200 empresas estadounidenses operaban en el país, y sectores como el automotriz ampliaron operaciones debido a ventajas comparativas regionales. A finales del mismo año, Honduras emitió un bono soberano por $700 millones a 10 años, reflejo de una confianza moderada de los mercados en su estabilidad macroeconómica.
No obstante, el informe señala que inversionistas han expresado preocupación por el discurso ambiguo del gobierno de la presidenta Xiomara Castro. Mientras algunos funcionarios promueven la inversión como motor de empleo, otros actores del oficialismo, particularmente del partido LIBRE, han adoptado posturas hostiles hacia el sector privado, lo que ha generado incertidumbre.
El informe destaca que el ambiente de negocios se ha visto afectado por diversas decisiones gubernamentales, como la derogación de la ley de empleo por hora, la aprobación de una ley energética con cláusulas que permitirían expropiaciones, y el retiro de Honduras del Convenio ICSID en 2024, utilizado para resolver disputas entre inversionistas y Estados. Además, la Corte Suprema de Justicia declaró inconstitucionales las Zonas de Empleo y Desarrollo Económico (ZEDE), lo que ha intensificado el temor a cambios abruptos en las reglas del juego.
El marco legal que rige la inversión incluye la Constitución, la Ley de Promoción y Protección de Inversiones de 2011, y el tratado CAFTA-DR. Sin embargo, la falta de coordinación entre instituciones como el Consejo Nacional de Inversiones, los Ministerios de Finanzas, Desarrollo Económico, Planificación e Inversión ha complicado la tramitación de proyectos, según empresarios.
El informe subraya que Honduras carece de una política estratégica de inversión con metas definidas de atracción de capital extranjero. Las demoras para obtener permisos ambientales o licencias regulatorias son frecuentes, y la legislación exige intervención del Congreso si los trámites exceden el periodo presidencial de cuatro años. Aunque existe un portal de trámites (eRegulations), los inversionistas consideran que el sistema sigue siendo opaco, lento y susceptible a corrupción.
El país ha adoptado herramientas para digitalizar algunos procesos, pero el marco regulatorio continúa siendo confuso y poco transparente.
“Las autoridades locales aplican criterios dispares y no hay claridad en los requisitos”, indica el informe del Departamento de Estado de EE.UU.
El sistema judicial también genera desconfianza, destaca el informe
“Empresas estadounidenses denuncian favoritismo, presión externa y solicitudes de sobornos dentro del Poder Judicial”, advierte el reporte.
Aunque Honduras implementa un sistema electrónico de gestión de casos con apoyo estadounidense, su aplicación es aún limitada. Las disputas legales suelen tardar años en resolverse y los fallos requieren validación de tribunales inferiores, lo que retrasa su ejecución.
En respuesta a los reclamos por corrupción, el gobierno continúa negociando con las Naciones Unidas para establecer una Comisión Internacional contra la Corrupción y la Impunidad en Honduras (CICIH). El país es signatario de las convenciones anticorrupción de la ONU y de la Organización de Estados Americanos.
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