El presidente de Costa Rica, Rodrigo Chaves, suma un total de 24 denuncias por presunta beligerancia política, según confirmó el Tribunal Supremo de Elecciones (TSE) durante una comparecencia el martes ante la Comisión de Asuntos Hacendarios de la Asamblea Legislativa.
La presidenta del TSE, Eugenia Zamora, detalló que los casos son conocidos por una sección especializada conformada por magistrados suplentes.
El legislador opositor del Partido Liberación Nacional (PLN), Luis Fernando Mendoza, uno de los denunciantes, consideró que podría ser necesario un nuevo levantamiento de la inmunidad presidencial.
“24 denuncias por beligerancia política. Es posible que tengamos que valorar otro levantamiento de inmunidad”, expresó Mendoza.
También manifestó su inconformidad con las actuaciones del mandatario: “Hay malestar de cómo el presidente está induciendo el voto”.
Según la legislación costarricense, la beligerancia política ocurre cuando un funcionario público realiza actos en beneficio de un partido político o se involucra en actividades político-electorales.
Esta conducta está prohibida por el artículo 102, inciso 5, de la Constitución Política, el cual garantiza un sufragio sin interferencias del Estado ni de empleados públicos. Además, el artículo 146 del Código Electoral prohíbe a los empleados públicos participar en reuniones de partidos, colocar distintivos políticos en sus viviendas o vehículos, usar su cargo para beneficiar a agrupaciones partidarias o manifestar afiliaciones.
Desde el oficialismo, el diputado Alexander Barrantes instó al TSE a filtrar mejor las denuncias y no dar trámite a acusaciones sin fundamento: pidió no aceptar denuncias “de cuanto vecino se le ocurra” acusar al presidente.
Por su parte, la diputada Pilar Cisneros defendió la participación de Chaves en actos públicos y criticó las restricciones impuestas por el tribunal electoral.
Zamora aclaró que el TSE no puede pronunciarse sobre casos en curso, pero aseguró que las resoluciones estarán listas antes del inicio del proceso electoral.
Cabe destacar que en agosto el TSE ya resolvió tres denuncias por beligerancia política, imponiendo inhabilitaciones y destituyendo a un funcionario por utilizar su cargo con fines electorales.
Zamora indicó que antes de 2019 estos procesos tardaban entre año y medio y dos años en resolverse, pero que ahora están siendo retrasados por múltiples acciones de inconstitucionalidad.
“Hemos sacado 20 y pico expedientes por día de todos los partidos políticos”, afirmó la presidenta del TSE.
