El ministro de Gobernación de Guatemala, Francisco Jiménez, advirtió durante el Quinto Congreso de Seguridad Vial que la magnitud del problema exige “decisiones, diálogo y acciones”.
Según cifras del Departamento de Tránsito de la Policía Nacional Civil (PNC), entre enero y agosto se registraron 5,772 hechos de tránsito, 423 más que en el mismo período de 2024.
Jiménez aseguró que se han reforzado los operativos en carreteras para frenar carreras ilegales y prevenir el exceso de velocidad. “Los accidentes de tránsito representan vidas truncadas y familias destruidas. Muchas de estas tragedias son evitables”, enfatizó.
El Observatorio Nacional de Seguridad del Tránsito (Onset) detalló que el 50 % de los vehículos involucrados en accidentes son motocicletas.
Los datos también muestran que los percances viales son la segunda causa de muertes violentas en Guatemala, después de los crímenes, con un 43 % de los fallecimientos. Solo en el departamento de Guatemala se concentra el 39 % de los lesionados.
El impacto económico también es grave. El Ministerio de Salud Pública informó que cada paciente lesionado puede requerir hasta 150,000 quetzales (más de $19,000) en atención médica y hospitalizaciones diarias de hasta 5,000 quetzales (alrededor de $650)
En el Instituto Guatemalteco de Seguridad Social (IGSS), solo en 2024 se destinaron 297 millones de quetzales (más de 38 millones de dólares) para atender a motociclistas accidentados, además de 272 millones por incapacidades temporales.
“Cada accidente no solo arrebata vidas, sino también recursos que podrían usarse para el desarrollo”, señaló Edwin Cambranes, jefe de medicina preventiva del IGSS.
El viceministro de Transportes, Fernando Suriano, subrayó que la educación vial es clave para reducir la siniestralidad. “Conducir mueve la economía, pero es un riesgo si no se hace con responsabilidad. Como país, es crucial aspirar a cero incidentes viales para proteger la salud, la economía y el bienestar familiar”, afirmó.
Finalmente, el ministro Jiménez adelantó que el gobierno trabaja con el Congreso en reformas a la Ley de Tránsito. Entre las propuestas están aumentar la edad mínima para licencias de transporte pesado, exigir pruebas teóricas, prácticas y psicométricas, y reforzar la certificación de conductores.
“Quizás el problema no es la edad, sino la capacidad y los mecanismos que regulen adecuadamente este tema”, concluyó.
