El Estatus de Protección Temporal (TPS), que durante 26 años dio alivio migratorio a miles de centroamericanos, llega a su fin para hondureños y nicaragüenses. Desde este 9 de septiembre, más de 54 mil personas de la región quedan sin protección legal en Estados Unidos y expuestas a ser deportadas.
El vencimiento del programa impacta directamente a unos 51 mil hondureños y 3 mil nicaragüenses que llegaron a ese país tras el huracán Mitch en 1998. Muchos de ellos formaron sus familias en Estados Unidos, compraron viviendas o iniciaron negocios, pero ahora enfrentan un futuro incierto.
Organizaciones comunitarias advierten que la angustia es generalizada. “Algunos piensan en vender lo que tienen y regresar, otros buscan cómo arreglar papeles, pero la situación es tremenda para los hondureños”, expresó el activista Jorge Medina, residente en Carolina del Norte.
Entre los casos personales destaca el de José Escalante, quien ya no podrá renovar su licencia de conducir y teme perder su casa. En tanto, Lucy, con 25 años de residencia en EE. UU., asegura sentirse desolada: “He podido trabajar y ayudar a mi familia gracias al TPS. Ahora todo es incertidumbre”.
La cantidad de beneficiarios ha disminuido con los años: de más de 135,000 hondureños inscritos en 1999, actualmente quedan entre 38 mil y 40 mil. Muchos lograron cambiar su estatus, otros abandonaron el programa o retornaron a sus países. Hoy, El Salvador es el único país de la región con TPS vigente, hasta 2026.
El final del programa ha estado marcado por disputas legales. En 2018, una demanda frenó temporalmente su eliminación, pero en agosto pasado una Corte de Apelaciones en San Francisco falló a favor del gobierno, dejando sin estatus a miles de personas mientras el caso avanza en los tribunales.
Impacto regional
Más allá del impacto en Estados Unidos, la cancelación del TPS golpea directamente a Centroamérica. El Consejo Hondureño de la Empresa Privada (COHEP) advirtió que unas 55 mil familias dependen de las remesas enviadas por los beneficiarios.
“No es solo lo económico, es el drama social que esto representa. Honduras necesita una estrategia de país”, señaló Santiago Herrera, directivo del COHEP.
Con un fallo judicial pendiente y sin una solución inmediata, miles de hondureños y nicaragüenses quedan en un limbo migratorio. “No dejaremos de organizarnos y luchar por el derecho a permanecer en el único hogar que muchos hemos conocido”, declaró Teófilo Martínez, líder de la Alianza Nacional TPS.
