Este 7 de septiembre se cumplen cuatro años de que El Salvador se colocó como el primer país en adoptar el bitcoin como moneda de curso legal, un momento histórico que sacudió al país centroamericano por el entusiasmo y los temores ante los riesgos económicos.
Cuatro años después, el bitcoin ya no es moneda de curso legal y su uso es mínimo en la población, aunque existe un ecosistema de estímulos fiscales para atraer inversionistas.
De enero a julio, al país ingresaron apenas $30.3 millones en billeteras de criptomonedas, un 39% menos que en igual período de 2024.
¿Qué ha pasado?
Un estudio de la agencia de relaciones públicas Sherlock Communications, publicado en agosto de 2025, destacó que la adopción de la criptomoneda es baja, en apenas 1.7 % de la población, debido a la falta de confianza y utilidad en la vida cotidiana de los salvadoreños, que prefieren el dólar estadounidense.
Una encuesta de la Universidad Centroamericana (UCA), de enero de 2025, reveló también que solo un 8.1 % de la población salvadoreña utilizó la criptomoneda en 2024, con un promedio de 14 veces al año.
Considerada una de las medidas más impopulares de la Administración de Nayib Bukele, no dejó de generar confrontación con el Fondo Monetario Internacional (FMI) que desde la adopción recomendó eliminar la categoría de “moneda de curso legal”, como establecía la Ley Bitcoin.
Finalmente, tras dilatadas conversaciones, el gobierno dio un paso atrás y pidió a la Asamblea Legislativa, de mayoría oficialista, que reformara la ley y eliminó esa disposición, además de quitar la opción de pagar impuestos con la criptomoneda.
Este cambio fue criticado por una parte de los entusiastas de bitcoin, pero le permitió al gobierno salvadoreño acceder a un financiamiento de $1,400 millones y abrió las puertas a recursos de multilaterales. Este acuerdo supone además que presente una nueva legislación más estricta para el mercado de criptoctivos en diciembre de 2025, mientras limitada su participación en operaciones con fondos públicos.
Además, el acuerdo establece que el gobierno eliminará la billetera Chivo, creada en 2021 para incentivar la adopción, pero que tuvo un inicio accidentado y no logró despegar. Tampoco en las remesas tuvieron impacto y a julio apenas representaron un 0.5 %, según el Banco Central de Reserva (BCR).
¿Cómo se mantiene en el radar de criptoactivos?
Pese a los compromisos con el FMI, el gobierno continúa con las compras de bitcoin y acumula una reserva de 6,291.18 monedas, valoradas en más de $696.2 millones. Estas adquisiciones son realizadas por la Oficina del Bitcoin, una agencia bajo la administración de Casa Presidencial, que no rinde cuentas públicas y se encarga además de organizar eventos exclusivos para la comunidad de bitcoiners.
De igual manera, la Asamblea Legislativa ha aprobado varias leyes que ofrecen incentivos fiscales para inversiones vinculadas al mercado de cripctoactivos, además del mensaje positivo que envía el gobierno con el aumento de reservas.
“Los expertos del sector consideran a El Salvador como un país amigable con las criptomonedas, destacando que la infraestructura legal ya está lista para un posible ingreso de capital en el próximo mercado alcista”, cita el informe de Sherlock Communications.
Dicha investigación destacó que el marco legal de El Salvador exonera del pago de impuestos sobre criptomonedas, al tiempo que otorga incentivos económicos especiales y respalda una política estatal de acumulación de bitcoin.
Entre los estímulos se encuentra la aprobación a inicios de agosto de una ley de bancos de inversión para atraer a “inversionistas sofisticados”. Una semana después del aval a esta normativa, la Oficina del Bitcoin anunció que los primeros “bancos en bitcoin están por llegar al país”.
También se aprobó en febrero de 2025 una ley de fomento a la inteligencia artificial y tecnología, la crea una agencia que es dirigida por un exoficial de la Oficina de Bitcoin, un guiño a los inversionistas de criptomonedas.
