Un informe presentado por la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (OACNUDH) y las Instituciones Nacionales de Derechos Humanos (INDH) de Costa Rica, Panamá y Colombia, revela un preocupante aumento de la migración inversa en la ruta Costa Rica–Panamá–Colombia, marcada por graves riesgos de violaciones de derechos humanos y una urgente necesidad de respuesta humanitaria regional.
Según el documento, entre enero y agosto de 2025 el tránsito irregular hacia el norte por la selva del Darién se redujo un 97 % debido a las restricciones en Panamá y al endurecimiento de la política migratoria de Estados Unidos. Sin embargo, más de 14.000 personas retornaron desde México y EE.UU. hacia el sur, en su mayoría migrantes venezolanos, muchos de ellos varados en condiciones precarias.
La misión de monitoreo documentó secuestros, extorsiones, trata de personas, violencia sexual y explotación laboralsufridos por migrantes en su trayecto. El 86.8 % de los entrevistados aseguró haber enfrentado abusos en su tránsito por el Darién, México y Guatemala. Mujeres, niñas, niños y adolescentes no acompañados están entre los grupos más vulnerables.
En zonas como Paso Canoas (Costa Rica), Palenque y Miramar (Panamá), y Necoclí y Bahía Solano (Colombia), los migrantes denunciaron falta de albergues, agua potable, servicios sanitarios y atención médica. Además, se constató el uso de embarcaciones inseguras en rutas marítimas y el control de redes de tráfico de migrantes que cobran hasta 280 dólares por traslados clandestinos.
Según el informe, los principales factores del retorno forzado son las políticas migratorias más restrictivas en EE.UU. (46 %); la imposibilidad de ingresar al país (49 %); el temor a detenciones o deportaciones (17 %) y la falta de recursos para continuar el viaje (34 %).
Muchos migrantes entrevistados expresaron desilusión con el “sueño americano”, asegurando que las condiciones de abuso y precariedad los obligaron a regresar.
El informe advierte que los vacíos de protección internacional y los recortes de fondos humanitarios han agudizado la crisis, dejando sin apoyo a miles de personas en tránsito inverso.
Las INDH recomiendan a Costa Rica, Panamá y Colombia Fortalecer la presencia institucional en fronteras y rutas migratorias, garantizar acceso a protección, internacional, refugio y justicia. Además establecer albergues seguros y asistencia humanitaria básica y crear un plan trinacional de coordinación humanitaria que permita un retorno seguro y digno.
