La Asamblea Legislativa de El Salvador aprobó este miércoles, con dispensa de trámite, la cuadragésima segunda prórroga del régimen de excepción, vigente desde marzo de 2022. La nueva extensión comenzará el 3 de septiembre de 2025 y se prolongará hasta el 2 de octubre de 2025.
Con este decreto, continúan suspendidas varias garantías constitucionales, entre ellas el plazo máximo de detención, que pasa a 15 días antes de presentar acusación, la intervención de telecomunicaciones y correspondencia, así como el derecho de defensa. Esto permite a las fuerzas de seguridad realizar capturas masivas de pandilleros, allanamientos e incautación de bienes, además de imputarles el delito de agrupaciones ilícitas.
El gobierno justificó la prórroga al señalar que, aunque el régimen ha generado “un logro sin precedentes” en la reducción de homicidios, las autoridades aún ejecutan un número considerable de detenciones contra estructuras criminales, además de detectar delitos de tráfico de drogas y armas, y la participación de menores de edad en pandillas.
El diputado de Nuevas Ideas, Walter Alemán, defendió la medida recordando que antes del régimen “los principales afectados eran jóvenes y niños”. Señaló que entre 2010 y 2019 las pandillas asesinaron a 481 estudiantes, siendo 2011 el año más letal con 139 víctimas escolares.
Por su parte, la diputada Alexia Rivas sostuvo que la prórroga “no debería ser tema de discusión”, recordando que más de 340 escuelas públicas fueron clasificadas como peligrosas, de las cuales 161 eran de alto riesgo. Añadió que más de 300 docentes solicitaron traslados tras recibir amenazas o extorsiones de pandillas.
El ministro salvadoreño de Seguridad Pública y Justicia, Gustavo Villatoro, aseguró este miércoles que desde la imposición del régimen de excepción en marzo de 2022, las autoridades policiales han arrestado a 89,000 presuntos pandilleros y colaboradores de pandillas.
