El fiscal de Chiapas, Jorge Llaven Abarca, confirmó que cuatro cabecillas de la organización conocida como “El Maíz”, vinculada al Cartel Jalisco Nueva Generación (CJNG), huyeron a Guatemala y ya cuentan con alertas rojas de Interpol.
Al mismo tiempo, un grupo de 161 mexicanos fue recibido en Huehuetenango con un permiso humanitario, lo que encendió la tensión en la frontera entre ambos países.
Según Llaven abarca, el grupo habría generado violencia en la región de Frontera Comalapa, Chiapas, a través de extorsiones y desapariciones. Tras la presión de las fuerzas de seguridad, varios integrantes se desplazaron hacia Guatemala.
“Estos cabecillas están plenamente identificados y se solicitó a la Interpol México que nuestros homólogos guatemaltecos colaboren en su captura”, declaró en conferencia de prensa el funcionario.
Ordenes de captura pendientes
El fiscal mencionó que hay 50 órdenes de captura pendientes contra presuntos miembros de “El Maíz”, señalados de presentarse como una organización campesina para encubrir actividades del crimen organizado.
Entre los más buscados se encuentran dos hombres identificados como Vladimir “N” y Noé “N”, quienes ya estarían radicados en Guatemala.
Por su parte el Instituto Guatemalteco de Migración (IGM) confirmó que 161 mexicanos, incluidos 69 niños, recibiendo un permiso humanitario de permanencia tras refugiarse en una escuela de la comunidad de Guailá, en la Democracia, Huehuetenango.
Hasta el momento, ni el Ejército ni el Ministerio de Gobernación de Guatemala habían confirmado si investigan posibles vínculos de estas personas con estructuras criminales.
Las autoridades de Chiapas, incluido el gobernador Eduardo Ramírez Aguilar, han insistido en que no se trata de desplazados por violencia, sino de familiares de detenidos ligados al narcotráfico.
Ramírez aseguró que los comunitarios se aliaron en el pasado con estructuras criminales y acusó a “El Maíz” de actuar con total impunidad desde Guatemala.
Desplazamiento forzado
El fiscal de Distrito Sierra Mariscal, Jackson Gutiérrez Martínez negó que exista un desplazamiento forzado en la zona, argumentando que las familias huyeron por temor a ser detenidas tras el despliegue militar y policial.
En la misma línea, el secretario de Seguridad de Chiapas, Óscar Aparicio, sostuvo que la situación en Comalapa es “ordinaria” y que los últimos homicidios fueron cometidos por personas que ingresaron desde Guatemala.
No es la primera vez que ocurre un fenómeno similar. En julio del año pasado, alrededor de 600 mexicanos buscaron refugio en Huehuetenango, escapando de la violencia entre cárteles.
Muchos de los desplazados regresaron a sus casas en Chiapas meses después, ahora la situación vuelve a repetirse, pero con más incertidumbre sobre si los refugiados son víctimas de la violencia o parte de las estructuras criminales que operan en la frontera.
