En un momento crítico para la seguridad nacional, el gobierno costarricense anunció este miércoles 13 de agosto la incorporación de 700 nuevos oficiales de policía a la Fuerza Pública.
Ello, como parte de una estrategia para enfrentar el aumento de la violencia criminal y el avance del crimen organizado en el país.
La ceremonia de juramentación, realizada en San José, estuvo encabezada por el ministro de Seguridad, Mario Zamora y el presidente Rodrigo Chaves, quien aseguró que este refuerzo representa “un paso firme para retomar el control de las calles”.
Durante su intervención, Chaves enumeró datos de su gestión en materia de seguridad: “nosotros hemos construido siete delegaciones policiales, vamos a construir 40 más, estamos en el proceso para mejorarlas y construir 40 más”.
“Hemos reforzado nuestra cooperación con los Estados Unidos, eso lo sabe la gente. Les subimos los salarios a todos los cuerpos policiales del Ejecutivo, les dimos pólizas para que ellos no tengan que dudar, defender su vida o tener que ir a pagar abogados al tener que disparar de manera legal contra delincuentes que los atacan a ellos o a otros ciudadanos y donde peligre la vida de inocentes. Eso lo dimos nosotros”.
“Les dotamos de equipo nuevo, muchísimo mejor, drones, cámaras corporales, chalecos, antibalas, capacitación. Sólo esta semana graduamos a 705 policías nuevos, llevamos 2300 oficiales en números redondos”, dijo Chaves.
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700 policías en contexto adverso
Los 700 nuevos gendarmes forman parte de un proceso iniciado desde 2023, cuando el gobierno reconoció que existían más de 1.300 plazas policiales disponibles pero sin ocupar, a pesar de contar con el presupuesto aprobado.
El anuncio de hoy se percibe como una respuesta a la creciente presión social ante la falta de efectivos en zonas golpeadas por la violencia.
El contexto de inseguridad que atraviesa Costa Rica es alarmante. El país registró en 2023 la cifra récord de 907 homicidios, lo que representó una tasa de 17,2 asesinatos por cada 100.000 habitantes, según datos del Organismo de Investigación Judicial (OIJ).
Esta tendencia se ha mantenido durante 2024 y 2025, con picos violentos en provincias como Limón, Puntarenas y San José.
Las autoridades han atribuido el repunte de homicidios al auge de las bandas criminales dedicadas al narcotráfico, el sicariato y el tráfico de armas, que disputan rutas y territorios estratégicos.
De hecho, informes del Ministerio de Seguridad han confirmado la presencia de estructuras criminales transnacionales operando en el país, algunas con nexos con carteles mexicanos y colombianos.
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Reacción presidencial y promesas de control
Durante el acto, Chaves reiteró su compromiso de “devolver la tranquilidad” a las comunidades y defendió los esfuerzos de su gobierno por enfrentar la criminalidad.
No obstante, sectores críticos han cuestionado la tardanza en llenar las plazas vacantes, así como la escasa presencia policial en zonas vulnerables.
Además del plan de rotación de agentes, el mandatario prometió una reestructuración operativa que incluye el uso de tecnología, nuevas patrullas y coordinación con otras instituciones del Estado. Sin embargo, no se ofrecieron detalles sobre los fondos adicionales ni la sostenibilidad del despliegue.
