En julio de 2025, el autor viajó a San José, Costa Rica, para ofrecer una conferencia magistral en un evento organizado por la Misión Presidencial de América Latina y el Caribe, que reunió a expresidentes y otras figuras destacadas para debatir el futuro de la región. Durante su estadía, mantuvo conversaciones con varios líderes y expertos costarricenses sobre la dinámica política, económica y de seguridad del país, así como sobre las actividades de la República Popular China (RPC) en Costa Rica.
Costa Rica se ha consolidado como uno de los socios estratégicos más importantes de EEUU en la región. El gobierno abiertamente proestadounidense de Rodrigo Chaves ha fortalecido la posición fiscal y financiera del país; la economía ha crecido aproximadamente 5% anual durante su administración, y su gestión ha recibido evaluaciones muy positivas del Fondo Monetario Internacional.
El país cuenta con una arraigada tradición democrática, instituciones sólidas y ha gozado históricamente de niveles de prosperidad y seguridad superiores a los de muchos de sus vecinos. Además, la administración Chaves ha denunciado e intentado frenar actividades de influencia por parte de la RPC, incluyendo los intentos de Huawei de cabildear a legisladores, funcionarios y sindicalistas costarricenses para obtener acceso a la infraestructura nacional de telecomunicaciones 5G.
No obstante, tras ese panorama positivo, Costa Rica enfrenta desafíos crecientes en seguridad y política, así como amplias y significativas acciones de cabildeo de la RPC a medida que el país se acerca a una elección nacional crítica en febrero de 2026. Un cambio negativo considerable en las circunstancias y orientación política del país durante esas elecciones podría tener consecuencias adversas para la seguridad de Centroamérica y para EEUU, cuyo límite sur se encuentra a apenas 3.200 kilómetros al norte de Costa Rica.
En materia de seguridad, los homicidios y el delito violento han aumentado notablemente en los últimos años. La tasa de homicidios subió de un ya elevado 11,5 por cada 100.000 habitantes en 2021, justo antes del inicio de la administración Chaves, a 17,2 por cada 100.000 en 2023, para descender levemente a 16,7 por cada 100.000 en 2024. Grupos de narcotráfico colombianos e intermediarios mexicanos de los cárteles de Sinaloa y, en menor medida, Jalisco Nueva Generación (CJNG) emplean cada vez más al país como ruta para mover cocaína, principalmente hacia Europa a través del puerto atlántico de Moín.
Las mafias siciliana y albanesa también tienen presencia. Al asociarse los cárteles con pandillas locales y pagarles con cocaína en lugar de dinero, estas bandas se han fortalecido y se han tornado más violentas, disputándose las rutas y mercados locales. Esto también ha agravado el problema de adicción en el país.
El flujo de cocaína y otras actividades ilícitas de estos grupos han alimentado la corrupción dentro de las tradicionalmente robustas instituciones costarricenses. El arresto en junio de 2025 y la solicitud de extradición de EEUU por cargos de narcotráfico contra el exministro de Seguridad Nacional Celso Gamboa pone de manifiesto cómo la corrupción ha llegado a los niveles más altos y ha generado dudas sobre la integridad de sus operaciones y de quienes trabajaron junto a él durante su extensa trayectoria en la seguridad pública.
La inmigración por Costa Rica, incluidos colombianos, cubanos y venezolanos que deciden establecerse en el país, también somete a su pequeña población a presiones, aunque en general el país mantiene una postura acogedora hacia los migrantes. La banda venezolana Tren de Aragua cuenta con una presencia menor, manifestada en el desmantelamiento de una red de trata de personas y prostitución en julio de 2025.
Las actividades delictivas incluyen la operación de mafias chinas, que a veces cooperan con narcotraficantes en el lavado de dinero y otras actividades. Álvaro Zheng, presuntamente vinculado al exalcalde de San José, Jhonny Araya, sería una figura clave en el lavado de dinero a través del conocido Supermercado 10ª Avenida y otros negocios.
En relación con China, tanto el gobierno de la RPC como la empresa tecnológica Huawei han desplegado amplias acciones de influencia dirigidas a legisladores, funcionarios y otros actores costarricenses. Un total de 87 personas, equivalente al 10% del parlamento y su personal, fueron invitadas a China como huéspedes del gobierno chino durante el periodo 2022-2023. Huawei organizó una fiesta lujosa para legisladores en 2024 en el Hilton de Sabana, uno de los lugares de preferencia para reuniones de ejecutivos chinos. EEUU revocó visas a las legisladoras Johanna Obando y Cynthia Córdoba, así como a jueces costarricenses y a tres funcionarios actuales y anteriores del Instituto Costarricense de Electricidad (ICE), por vínculos inapropiados con la RPC. En abril de 2025, EEUU también canceló la visa del expresidente Óscar Arias, quien en 2007 cambió abruptamente el reconocimiento diplomático de Taiwán a China.
El presidente Oscar Arias entabló relaciones diplomáticas con el régimen de China (Archivo DEF)
Tras las revocaciones de visas, el hermano del expresidente, Rodrigo Arias, en su calidad de presidente de la Asamblea Legislativa, convocó una sesión con Qiu Xiaoqi, jefe de Asuntos para América Latina en el Ministerio de Exteriores de la RPC, para expresar inquietud y solidaridad con China. Posteriormente, Arias invitó al embajador chino Wang Xiaoyou y a varios legisladores opositores a su finca en Taboga, Guanacaste, visita que algunos políticos interpretaron como una reunión privada impropia entre el opositor Partido Liberación Nacional y el gobierno chino.
Las múltiples revocaciones de visas, cuyo motivo EEUU no ha explicado oficialmente, combinaron el resentimiento y la inquietud entre altos representantes costarricenses consultados, especialmente porque muchos tienen lazos familiares y empresariales en EEUU que estarían en riesgo por la pérdida de sus visas.
A las dificultades para navegar esta situación, el presidente Chaves se enfrenta a una creciente multiplicidad de desafíos políticos y legales. El partido con el que llegó a la Presidencia, Progreso Social Democrático (PPSD), tiene solo 10 de los 57 diputados de la Asamblea Legislativa, lo que le obliga a gobernar sobre todo por la vía administrativa. Su estilo populista y frecuentemente polémico lo ha enfrentado a políticos de la oposición, jueces, fiscales y la prensa. Producto de ello y de haber acumulado numerosos adversarios, la fiscalía costarricense informa haber recibido 60 denuncias contra Chaves, con diversos grados de gravedad. En julio de 2025, luego de una decisión de la Corte Suprema, el Congreso estudiaba votar el levantamiento de su inmunidad presidencial para investigarlo por presunto desvío de fondos públicos en beneficio propio.
A esto se suma que, dado que la ley prohíbe postularse a cargos electivos mientras se ocupa un puesto en el gobierno, varios ministros clave podrían renunciar a fines de julio, fecha límite para inscribirse como candidatos al Congreso en el ciclo electoral actual. Chaves incluso ha considerado dejar la presidencia para buscar una banca parlamentaria antes del 1 de agosto, ya que no puede aspirar a un segundo mandato consecutivo.
En las elecciones nacionales de febrero de 2026, el resultado es incierto. Chaves no puede presentarse a la reelección inmediata. Las encuestas actuales ubican a Laura Fernández de su partido PPSD en primer lugar con 13%, seguida por Fabricio Alvarado, del conservador Nueva República (NR) con 10%. En tercer lugar aparece Álvaro Ramos, del opositor Partido Liberación Nacional (PLN), con 8%. Expertos consultados consideran que el apoyo a Fernández depende de su asociación con Chaves y podría caer si este pierde respaldo. Alvarado, por su parte, no tendría mucho atractivo fuera de su base evangélica en la Costa Rica pluralista, mientras que Ramos no se considera un candidato especialmente fuerte. El exoficialista PAC sigue sin presentar un contendiente sólido; su candidata, Claudia Dobles, no supera el 4% en las encuestas.
Durante la visita del secretario de Estado de EEUU, Marco Rubio, en febrero de 2025, se destacó la colaboración entre ambas naciones y la resistencia costarricense al cabildeo chino en las telecomunicaciones. Costa Rica mantiene una notable afinidad con los valores democráticos estadounidenses y su pueblo.
Marco Rubio junto al presidente de Costa Rica, Rodrigo Chaves (Mark Schiefelbein/Pool via REUTERS)
De todas formas, los contactos del autor en el país advierten sobre riesgos reales si el crimen organizado sigue socavando las instituciones, el crimen violento desalienta la inversión y el turismo, y China incrementa su influencia sobre líderes políticos y empresariales. Dado que Chaves ya suma numerosos adversarios debido a su estilo autoritario y combativo, si alguna de las acusaciones graves en su contra avanza, el electorado podría optar en febrero de 2026 por opciones mucho menos alineadas con EE.UU. y con profundos lazos económicos y políticos con China.
Costa Rica ha sido históricamente aliada de EEUU y modelo regional del valor de la democracia y de instituciones sólidas. Su cooperación en temas de drogas, migración y ciberseguridad también ha tenido peso regional y para la seguridad de América del Norte. Cambios en el liderazgo costarricense no necesariamente implican un giro hacia China, y la mayoría del espectro político mantiene buena disposición hacia EEUU y el trabajo conjunto. No obstante, es estratégico para EEUU y la región no dar por sentada la solidez institucional y la actitud favorable de Costa Rica.
