Un juez del régimen de Nicaragua condenó a 195 años y ocho meses de prisión al ciudadano Freddy Joseph Denis, capitán de una embarcación artesanal que naufragó con 16 migrantes a bordo cerca del archipiélago de Corn Islands, en el Caribe Sur del país.
El hecho, ocurrido el pasado 5 de febrero, causó la muerte de cinco personas, entre ellas dos menores de edad, y dejó a otras tres desaparecidas.
El fallo lo dictó el juez de Distrito Penal de Juicio de Bluefields, Nelson Teodoro Miranda Fitoria, quien sentenció al marinero por homicidio a título de dolo eventual, homicidio frustrado y tráfico de migrantes agravado.
Sin embargo, Denis solo cumplirá 30 años de prisión, el máximo que permite la Constitución nicaragüense, salvo en casos de prisión perpetua revisable, que no fue solicitada por la Fiscalía.
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Era “coyote” sin permiso
La tragedia ocurrió en una embarcación que zarpó de San Andrés, Colombia, con destino a Nicaragua, con 16 migrantes originarios de Egipto, Irán, India y Vietnam, además de dos tripulantes.
De acuerdo con las investigaciones, la lancha no era apta para el transporte humano: carecía de chalecos salvavidas, luces de navegación y estaba sobrecargada, con una capacidad para solo cuatro personas.
Las víctimas fueron dos niñas, de 6 y 9 años, y tres mujeres adultas de nacionalidades egipcia, iraní e india. Tres personas siguen desaparecidas. Ocho sobrevivieron y fueron rescatadas por las autoridades nicaragüenses.
La tragedia fue operación inesperada que no había sido objeto de mayor revisión por parte del Estado y se realizó fuera del negocio estatal de migrantes que ejecuta la dictadura de Nicaragua.
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Sentencia de doble rasero
La condena impuesta incluye 75 años por los cinco homicidios (15 años cada uno), 110 años por homicidios frustrados en perjuicio de los ocho sobrevivientes y los tres desaparecidos (10 años por cada víctima), y 10 años y 8 meses por tráfico de migrantes agravado, además de una multa de 85.480 córdobas.
El juez consideró como agravante principal la presencia de menores de edad entre las víctimas y señaló la “alta culpabilidad” del capitán, a quien acusó de actuar con “profundo desprecio por la vida” y de haber sido motivado por el lucro.
Sin embargo, la sentencia no hace referencia a las condiciones estructurales que favorecen este tipo de tragedias, como el involucramiento de autores estatales y la complicidad del régimen familiar que azota Nicaragua, acusado por organismos internacionales de fomentar el tráfico humano desde 2018.
Desde la crisis política iniciada en abril de 2018, el régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo ha impulsado una política de represión sostenida, que ha provocado el exilio forzado de más de 250.000 nicaragüenses, según organismos internacionales.
Nicaragua se ha convertido también en una ruta de tránsito para miles de migrantes extracontinentales que buscan llegar a Estados Unidos a través de un esquema de negocio del régimen.
