La tensión social continúa en aumento en Guatemala tras 40 días de huelga promovida por el dirigente sindical Joviel Acevedo, quien ha sido ampliamente cuestionado por su prolongada inactividad docente y recientes sanciones internacionales. En respuesta al anuncio de nuevas protestas, el ministro de Gobernación, Francisco Jiménez, lanzó un mensaje a través de su cuenta en la red social X.
“No permitiremos paralizar el país por los intereses de una sola persona: Joviel Acevedo. El derecho a manifestarse está garantizado pero estaremos listos para que no se repita una jornada más de #Bloqueos al derecho de locomoción”, escribió el funcionario, señalando que el Gobierno se prepara para evitar nuevos cierres que afecten la movilidad y los derechos de los ciudadanos.
No permitiremos paralizar el país por los intereses de una sola persona: #JovielAcevedo.
El derecho a manifestarse está garantizado pero estaremos listos para que no se repita una jornada más de #Bloqueos al derecho de locomoción.
Ministerio de #GobernAcción pic.twitter.com/8GLJZzfjAV
— Francisco Jiménez (@FJimenezmingob) July 21, 2025
Joviel Acevedo, líder del Sindicato de Trabajadores de la Educación de Guatemala (STEG), ha sido blanco de críticas durante años, en parte porque, pese a ostentar el cargo de maestro, no ha impartido clases en al menos 17 años. Su figura ha estado envuelta en polémica no solo a nivel nacional, sino también internacional: Acevedo fue sancionado por el Gobierno de Estados Unidos, acusado de corrupción y abuso de poder en el manejo del sindicato.
La huelga que encabeza ha dejado sin clases a millares de estudiantes en todo el país, generando preocupación entre padres de familia, autoridades educativas y organismos de derechos humanos por el impacto prolongado en el sistema educativo.
Acevedo ha llamado a nuevas manifestaciones. En contraste, el Gobierno ha reiterado su disposición al diálogo, pero con el firme objetivo de evitar que los derechos colectivos se vean vulnerados por intereses particulares.
Mientras la crisis se profundiza, sectores sociales y empresariales exigen soluciones urgentes que permitan restablecer la educación y garantizar el orden público sin coartar el derecho a la libre expresión.
