El enfrentamiento entre el Gobierno de Guatemala y el Sindicato de Trabajadores de la Educación de Guatemala (STEG) escaló esta semana con nuevas acciones legales, desalojos y movilizaciones que reflejan un creciente clima de tensión en torno al sistema educativo del país.
Las autoridades dicen defender el derecho a la educación, mientras que el gremio de docentes denuncia falta de cumplimiento del pacto colectivo.
El secretario de Comunicación Social de la Presidencia, Santiago Palomo, llamó al Ministerio Público (MP) a actuar con celeridad antes las denuncias presentadas contra el sindicato. Señaló los daños al patrimonio público, obstrucción a la ayuda humanitaria y ataques contra los periodistas, acciones que, el Gobierno señala que atentan contra el bienestar colectivo.
Tras la liberación del perímetro del Palacio Nacional de la Cultura, esta cartera, en su calidad de ente rector del patrimonio cultural de la nación, realizó una inspección ocular para verificar el estado de este bien patrimonial.
— Ministerio de Cultura y Deportes de Guatemala (@McdGuate) July 16, 2025
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Entre los puntos más controversiales del conflicto está la multa impuesta por el Juzgado Quinto de Trabajo a 860 maestros que participaron en una asamblea permanente, por lo que irrumpieron las clases. Cada profesor tendrá que pagar 4 mil quetzales (unos 520 dólares), sumando un total de 3.4 millones de quetzales (más de 440 mil dólares).
El gobierno de Guatemala insiste en que la sanción marca un precedente para proteger el derecho a la niñez a recibir educación continua.
Nuevas marchas a la capital
Mientras tanto, miles de maestros afiliados al sindicato participan de una marcha en distintos departamentos del país, desde donde marchan hacia la ciudad capital. Una movilización que inició el martes 15 de julio en San Ildefonso Ixhuacán, Huehuetenango, avanza por tramos de más de 16 horas al día y se espera que llegue a la Plaza de la Constitución el sábado 19 de julio.
La caminata ocurre a días del desalojo de un campamento que el STEG mantenía frente al Palacio Nacional de la Cultura desde el 26 de mayo, en demanda de la firma del Pacto Colectivo.
El operativo lo llevó a cabo por la Policía Nacional Civil (PNC) para recuperar espacios públicos y garantizar la libre circulación, según lo informó en un comunicado.
