La drástica reducción del límite de velocidad en Nicaragua, impuesta desde el 17 de junio por órdenes de la dictadura de Daniel Ortega y Rosario Murillo, no ha dado los resultados esperados: durante la primera semana de su aplicación se registró un aumento en el número de muertes por accidentes de tránsito.
A pesar de ello, Ortega anunció que la medida continuará en fase experimental por al menos 15 días más.
Según datos oficiales de la Dirección de Seguridad de Tránsito Nacional (DSTN), entre el 16 y el 22 de junio se reportaron 14 muertes en accidentes de tránsito, seis más que la semana anterior, cuando aún regía el límite de velocidad previo.
Esta cifra contradice el argumento central del gobierno, que presentó la reducción como una estrategia para “salvar vidas” y disminuir la siniestralidad vial.
La Policía Nacional no detalló en su informe las causas de los accidentes fatales, como sí lo hacía en semanas anteriores, lo que ha despertado cuestionamientos sobre la transparencia en la evaluación del impacto de la medida.
En el reporte previo, correspondiente al 10 al 16 de junio, se documentaron ocho fallecimientos, de los cuales solo uno se debió a exceso de velocidad. El resto estuvo vinculado a conducción en estado de ebriedad y otras imprudencias.
Pese al aumento de víctimas, Ortega afirmó este 24 de junio que mantendrá la reducción del límite de velocidad a 50 km/h para vehículos particulares y transporte público, y 40 km/h para motocicletas, como una “fase de prueba” para luego decidir si se reforma la Ley 431, que regula el tránsito en el país.
“Hay que ir haciendo un conteo… Dejar pasar unos 15 días más y vamos a ver”, dijo el dictador durante un acto de ascenso a altos mandos de la Policía bajo su servidumbre, señalando que el objetivo es comparar el promedio de muertes antes y después de la imposición de la medida.
La reducción de velocidad fue impuesta en los 153 municipios del país sin consulta pública ni estudios técnicos conocidos.
La Ley 431 establece límites superiores: hasta 100 km/h en carretera, 60 km/h fuera de zonas urbanas y 45 km/h en ciudad. Hasta antes de la nueva disposición, en la práctica la Policía aplicaba un límite máximo de 80 km/h en carreteras.
La medida ha sido ampliamente criticada por sectores del transporte, ciudadanos y analistas, que la consideran arbitraria y carente de sustento técnico.
Conductores y transportistas aseguran que afecta la productividad, eleva los costos logísticos y retrasa los desplazamientos en todo el país.
“No hay ningún dato que indique que bajar la velocidad a 50 reducirá los accidentes. Es una improvisación más del gobierno”, afirmó un dirigente del sector transporte bajo condición de anonimato.
En sus declaraciones, Ortega reconoció que “a todos nos gusta correr” y justificó la medida como un intento por reducir los accidentes, sin presentar cifras claras que respalden su efectividad. Tampoco se ha explicado qué indicadores se tomarán en cuenta para evaluar la posible reforma legal.
Organizaciones civiles han demandado una revisión integral de las políticas de seguridad vial, que incluya educación, control del alcohol al volante, mejoras en la señalización y en las condiciones de las vías, y decisiones basadas en evidencia, no en órdenes unilaterales del Ejecutivo.
