Una reforma impulsada por el oficialismo hondureño busca permitir que terceros puedan reclamar el Documento Nacional de Identificación (DNI) en nombre de sus titulares en el extranjero, lo que ha desatado fuertes críticas en plena antesala de las elecciones generales.
El proyecto, ingresado el miércoles al Congreso Nacional, plantea que un apoderado o representante legal debidamente acreditado pueda recibir el documento o gestionar reclamos ante los consulados.
La reforma surge en un contexto donde muchos hondureños residentes en Estados Unidos temen salir de casa por las redadas migratorias.
“El documento podrá ser entregado al titular, apoderado o representante legal debidamente acreditado para recibir y tramitar los reclamos correspondientes”, señala la iniciativa leída por la diputada Luz Angélica Smith.
Además, se faculta al personal designado por el Registro Nacional de las Personas (RNP) para custodiar y entregar el DNI.
Desde la oposición han surgido serias advertencias. El diputado liberal Yury Sabas alertó que permitir que terceros retiren las identidades podría abrir la puerta a un posible fraude electoral.
“La recolección de la identidad debe ser personalísima. Libre puede mandar a traer identidades en volquetas y con eso llenar las urnas”, denunció.
También Germán Lobo, exconsejero del Consejo Nacional Electoral (CNE), se mostró preocupado: “Podría facilitar el tráfico de documentos. No se sabrá quién tiene realmente esas identidades. Y en año electoral, eso no es recomendable”, advirtió.
En defensa de la reforma, desde el oficialismo aseguran que la medida solo busca facilitar el acceso a los documentos. Según la Cancillería, más de 258,000 DNI siguen sin ser reclamados en el exterior. Del total de votantes habilitados, 436,077 viven fuera del país.
Luz Angélica Smith aseguró que se trata de un proyecto “consensuado” y que la intención es evitar gastos innecesarios a los migrantes mediante la validación biométrica y legal de los representantes.
Por su parte, Rafael Sarmiento, jefe de la bancada de Libre, restó importancia al impacto electoral de los votos desde el extranjero. “No definen un proceso electoral. Pero son ciudadanos que sostienen este país con sus remesas y tienen derecho a participar”, sostuvo.
Aún no hay fecha para su votación final, pero el debate ya está encendido entre quienes temen una puerta abierta al fraude y quienes alegan que se trata de una medida humanitaria y necesaria.
