Un ciudadano guatemalteco que fue deportado erróneamente a México y luego enviado a Guatemala regresó a Estados Unidos tras una orden judicial que obligó al Gobierno de Donald Trump a facilitar su retorno, confirmaron sus abogados.
El hombre, identificado en documentos judiciales por las iniciales O.C.G., llegó a California el miércoles en la noche a bordo de un vuelo comercial, mientras esperaba su ingreso por la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza de Estados Unidos, logró establecer contacto con su equipo legal, informó Trina Realmuto, directora ejecutiva de la National Immigration Litigation Alliance.
Poco después, fue detenido por el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) y trasladado a un centro de detención en Arizona, según detalló Realmuto en una comunicación enviada a la agencia Associated Press.
La deportación del guatemalteco ocurrió a pesar de que un juez federal de inmigración había emitido una orden que le otorgaba protección humanitaria, señalando que corría riesgo de persecución o tortura si regresaba a Guatemala.
Además, en los documentos judiciales se indica que el hombre temía por su vida también en México, país donde afirma haber sido víctima de violación y extorsión mientras solicitaba asilo.
El Departamento de Justicia no respondió a las solicitudes de comentarios, sin embargo, en documentos previos, el Gobierno reconoció que estaba gestionando el retorno del migrante, a quien se le había aprobado una entrada temporal bajo un “permiso condicional por beneficio público significativo”. Esta figura legal permite el ingreso temporal a Estados Unidos de personas no elegibles para entrar, cuando hay razones humanitarias o de interés público.
La expulsión fue duramente cuestionada por el juez federal Brian Murphy, quien la calificó como una acción que probablemente carecía de cualquier atisbo de debido proceso.
México, tras recibirlo, lo trasladó posteriormente a Guatemala, donde el guatemalteco permanecía escondido mientras su caso legal continuaba en los tribunales estadounidenses.
La abogada Realmuto destacó que, hasta donde tienen conocimiento, es la primera vez desde el 20 de enero que el Departamento de Seguridad Nacional facilita el regreso de una persona deportada a partir de una orden judicial emitida por un tribunal federal.
Este caso forma parte de una creciente serie de decisiones judiciales que han cuestionado deportaciones aceleradas bajo la administración Trump, muchas de las cuales han resultado en expulsiones hacia terceros países o incluso errores administrativos como el del salvadoreño Kilmar Ábrego García, deportado tras vivir 14 años en Maryland.
El precedente legal establecido con el regreso de O.C.G. marca un momento clave en la lucha por los derechos de los migrantes, especialmente en un contexto de políticas migratorias cada vez más restrictivas en Estados Unidos.
