Representantes de organizaciones sociales e indígenas expresaron su preocupación ante el contexto político del país y denunciaron la criminalización de liderazgos comunitarios.
Las organizaciones participantes, entre ellas colectivos de mujeres, juventudes, trabajadores, pueblos indígenas y diversidades sexuales y de género, manifestaron su rechazo a la detención de Luis Pacheco, viceministro de Energía, y Héctor Chaclán, exdirigentes de los 48 Cantones de Totonicapán, a quienes el Ministerio Público vincula con un caso bajo reserva relacionado con las protestas de 2023 en defensa de la democracia.
“Manifestamos nuestra indignación ante las acciones racistas de investigación y criminalización de liderazgos indígenas y sociales, así como la captura de las exautoridades de los 48 Cantones como una evidente acción de revancha”, expresaron en su comunicado. Añadieron que esta persecución busca debilitar la fuerza comunitaria organizada.
Durante el pronunciamiento, las organizaciones exigieron la libertad de ambos líderes y de todas las personas que consideran presos políticos. Asimismo, pidieron el cese de la persecución judicial y la renuncia de la fiscal general, Consuelo Porras.
Los colectivos también denunciaron la existencia de un “pacto de corruptos” que, según señalaron, intenta debilitar al Ejecutivo, controlar la Junta Directiva del Congreso y mantener el dominio de los territorios a través de estructuras políticas aliadas, instrumentalizando instituciones como el MP, la Corte de Constitucionalidad y la Corte Suprema de Justicia.
Afirmaron que estos sectores buscan cooptar más instituciones para consolidar su poder, mantener la impunidad y explotar los recursos naturales y a las personas, debilitando las bases democráticas del país.
Creación de la Asamblea Permanente
En respuesta a esta situación, las organizaciones anunciaron la creación de una Asamblea Permanente de Organizaciones Sociales, con el objetivo de ampliar su coordinación a nivel nacional y articularse con la Asamblea Permanente de las Autoridades Ancestrales de los Pueblos Originarios.
Indicaron que esta articulación busca fortalecer la participación de los pueblos mayas, garífunas, xincas y mestizos en las decisiones colectivas del país, y contribuir a la construcción de una Guatemala más democrática, equitativa y centrada en el “buen vivir”.
