La relación diplomática entre Panamá y la República Popular China, establecida en 2017 durante el gobierno de Juan Carlos Varela, se vendió como una gran oportunidad económica. Sin embargo, ocho años después, los panameños advierten que lo que queda es una herencia empañada por denuncias de sobornos, proyectos inconclusos y falta de transparencia que han deteriorado la confianza pública y obligado al actual gobierno panameño a redefinir su política exterior.
La decisión de Varela de romper con Taiwán y reconocer a China en 2017 fue celebrada inicialmente como un triunfo diplomático. Sin embargo, el secretismo con el que se manejaron las negociaciones despertó sospechas tanto a nivel nacional como internacional.
Según los llamados VarelaLeaks —conversaciones filtradas supuestamente extraídas del celular del exmandatario—, el propio administrador de la Autoridad Marítima de Panamá, Jorge Barakat, advirtió a Varela que no debía mencionar una supuesta “donación” de mil millones de yuanes (unos 143 millones de dólares) para evitar la percepción de un soborno a cambio del reconocimiento diplomático.
La falta de respuesta de Varela en esa conversación, fechada en noviembre de 2017, y su hermetismo posterior, sembraron dudas sobre la transparencia de su gestión.
La sospecha de corrupción no tardó en escalar a nivel internacional. En 2018, el entonces secretario de Estado estadounidense, Mike Pompeo, acusó públicamente a China de utilizar sobornos para expandir su influencia en países en vías de desarrollo, citando a Panamá como ejemplo. La visita de Pompeo a Varela en Panamá fue acompañada de advertencias directas sobre el peligro de los “préstamos depredadores” y la penetración de empresas estatales chinas como Huawei.
Para Washington, el cambio de lealtad panameña no solo era un tema diplomático, sino una amenaza estratégica, dado el rol crítico del Canal de Panamá en el comercio global y la seguridad militar.
“En los VarelaLeaks se hace referencia, a través de un mensaje enviado a Varela por quien era director de la Autoridad Marítima, Jorge Barakat, de mil millones de yuanes, (141 millones de dólares al cambio en ese momento) supuestamente recibidos por Varela a cambio del reconocimiento a la China Popular, donde se le exigió a Panamá no mantener ninguna relación siquiera comercial con Taiwán. Adicionalmente, en los Varelaleaks aparece el mensaje de la oficina comercial de la nueva embajada confirmando la futura adquisición de $38 millones en productos de ron. Me resulta difícil determinar cuántas botellas de ron deberían producirse para satisfacer semejante pedido”, comentó en enero, el abogado y exembajador panameño ante la OEA, Guillemo A. Cochez, en un artículo en La Estrella de Panamá.
Cochez recordó como “en la euforia de la nueva relación, China pagó cientos de viajes de dos semanas a funcionarios para que conocieran el país oriental que terminaron en una orgía de turismo oficiaal sin ningún provecho práctico”.
Para el exembajador, las decisiones diplomáticas de Varela terminaron siendo su peor legado.
“Quiso jugar a las grandes ligas con las relaciones internacionales y se olvidó que, por más que nos guste o no, Estados Unidos de América es nuestro socio estratégico más importante. Queda en evidencia que Varela estuvo más pendiente de sus negocios personales que del bienestar del país. Su primer embajador en China Popular fue Francisco Escobar Pedreschi, pariente de él”, remarcó Cochez.
Una relación desilusionante
Contrario a las expectativas iniciales, los beneficios tangibles de la nueva alianza con China fueron escasos. Muchos proyectos prometidos quedaron en papel, y otras iniciativas se vieron marcadas por irregularidades. No existe evidencia, por ejemplo, de la millonaria donación educativa que se habría prometido, y viajes oficiales organizados por China terminaron en costosos y cuestionables “turismos oficiales” sin retorno práctico para el país.
“En mis investigaciones durante el gobierno de (Nito) Cortizo pude comprobar que ni el MEF ni el Meduca tenían registro de ninguna donación de parte del Gobierno chino en materia educativa ni financiera. No hubo ninguna donación de China, tal como sí ocurrió en Costa Rica con su nuevo estadio y en El Salvador con la gigantesca biblioteca que les donaron”, aseguró Cochez.
La preferencia por empresas chinas en licitaciones claves, como ocurrió en la adjudicación de equipos de seguridad a Huawei, también tensó las relaciones con Estados Unidos y dejó un sabor amargo entre sectores panameños que vieron cómo intereses estratégicos eran desplazados por conveniencia política o personal.
Tomando distancia de China
El actual presidente José Raúl Mulino no tardó en tomar distancia de esa herencia.
“Es una decisión que tomé de manera inmediata. No sé qué animó en su momento a quiénes firmaron este acuerdo con China. Me someto al escrutinio de ustedes: ¿Qué ha traído realmente para Panamá en todos estos años?”, declaró el mandatario en febrero pasado.
En abril de 2025, Panamá anunció oficialmente su retiro de la Iniciativa de la Franja y la Ruta, el ambicioso plan de infraestructura global promovido por China. Mulino justificó la decisión señalando la falta de beneficios concretos para el país y reafirmó su compromiso de fortalecer los lazos tradicionales con Estados Unidos y otros aliados democráticos.
“Este es un mensaje claro al mundo: Panamá está comprometido con sus aliados democráticos y con la estabilidad del sistema internacional”, dijo el mandatario tras la oficialización del retiro.
Además, el nuevo gobierno inició una auditoría a la concesión portuaria otorgada a Panama Ports Company, subsidiaria del gigante CK Hutchison Holdings de Hong Kong. Aunque esta empresa anunció su venta a un consorcio estadounidense, la Contraloría panameña continuará con la investigación, dejando claro que el país no bajará la guardia respecto a posibles riesgos estratégicos.
La apuesta de Varela por China ha dejado profundas cicatrices en la política panameña. Lo que pudo haber sido una oportunidad de diversificación económica terminó evidenciando los peligros de relaciones internacionales guiadas por intereses personales, falta de transparencia y cortoplacismo.
