El fiscal general de Costa Rica, Carlo Díaz Sánchez, solicitó al Congreso y al Poder Ejecutivo acelerar la discusión y aprobación de un proyecto de ley que permitiría a las autoridades judiciales ejecutar allanamientos durante las 24 horas del día, en respuesta al creciente fenómeno del crimen organizado y la violencia en el país.
La legislación actual limita la realización de allanamientos judiciales al horario comprendido entre las 6:00 a.m. y las 6:00 p.m., salvo en casos excepcionales considerados “graves o urgentes” por un juez.
Sin embargo, el fiscal Díaz argumentó que las condiciones de seguridad pública han cambiado drásticamente y requieren herramientas más eficaces para combatir a las organizaciones delictivas.
“Las circunstancias y la criminalidad han variado; necesitamos que se puedan realizar los allanamientos para enfrentar al crimen en cualquier momento del día”, declaró Díaz, al reiterar que los procedimientos judiciales deben adaptarse a los desafíos actuales del país.
El proyecto de ley, ya dictaminado por la Comisión de Seguridad y Narcotráfico de la Asamblea Legislativa, modifica el artículo 193 del Código Procesal Penal, permitiendo que jueces autoricen allanamientos fuera del horario habitual sin necesidad de clasificarlos como urgentes.
La iniciativa fue presentada por la diputada Monserrat Ruiz Guevara, del opositor Partido Liberación Nacional (PLN), quien indicó que la reforma surgió de mesas de trabajo conjuntas con el Organismo de Investigación Judicial (OIJ) y el Colegio de Abogados.
Ruiz afirmó que la medida busca fortalecer las herramientas legales frente al avance del crimen organizado, especialmente en zonas donde operan estructuras ligadas al narcotráfico y delitos violentos.
En los últimos años, Costa Rica ha enfrentado un alarmante repunte de homicidios, con cifras récord durante 2023, impulsadas por disputas entre bandas por el control territorial y rutas del tráfico de drogas.
La propuesta legislativa ha generado debate entre sectores políticos y jurídicos, algunos de los cuales advierten sobre la necesidad de garantizar controles judiciales estrictos para evitar abusos.
No obstante, tanto la Fiscalía como el OIJ han insistido en que el cambio legal es indispensable para operar con eficacia frente a bandas que actúan principalmente en horas nocturnas.
