La dictadura de Daniel Ortega y Rosario Murillo impidió el ingreso a Nicaragua de 2 sacerdotes católicos y un pastor evangélico en plena celebración de la Semana Santa 2025, en lo que organizaciones de derechos humanos califican como una continuación sistemática del asedio religioso en el país centroamericano.
Uno de los afectados es el padre Jalder Hernández, sacerdote con 18 años de trayectoria, quien regresaba de una misión pastoral en Estados Unidos cuando fue informado que las autoridades migratorias no le permitirían abordar su vuelo de retorno.
Hernández, quien ya había sido víctima de agresiones por parte de fuerzas oficialistas en 2018, fue declarado “persona no grata” por el régimen.
La abogada e investigadora Martha Patricia Molina, autora del informe Nicaragua: una Iglesia perseguida, denunció que este caso se suma a una larga lista de actos represivos. “En el transcurso de la Cuaresma, al menos dos sacerdotes han sido impedidos de entrar al país”, afirmó.
También fue impedido de regresar el pastor Jocksan Galeano Ulloa, secretario general de la Convención Bautista de Nicaragua, quien se encontraba en Panamá participando en un evento regional.
Aunque otros miembros de su delegación retornaron, Galeano publicó un mensaje en redes sociales donde dejaba entrever su exilio forzado: “Estaré más tiempo en Panamá. Si Dios quiere, podré regresar pronto”.
Antes de viajar, había promovido un congreso cristiano en Masaya al que ahora no podrá asistir.
La negativa de ingreso se produce bajo un nuevo marco legal adoptado en noviembre de 2024, mediante una reforma a la Ley de Migración y Extranjería que otorga amplios poderes a la Dirección General de Migración para negar el ingreso a ciudadanos considerados “riesgo social” o amenaza a la “soberanía nacional”.
Organismos como el Grupo de Expertos en Derechos Humanos de la ONU documentaron hasta marzo de 2025 un total de 259 casos de nicaragüenses bloqueados de retornar al país, 114 de ellos en el último año.
Entre ellos se cuentan 37 sacerdotes, 51 desterrados, 132 monjas exiliadas y cuatro obispos obligados a dejar el país.
En paralelo, el régimen mantiene por tercer año consecutivo la prohibición de procesiones religiosas en las calles durante la Semana Santa, una medida que ha recrudecido el hostigamiento en templos y parroquias. “La Policía toma fotos, acosa a niños que participan en las Judeas y limita los actos religiosos a los atrios de las iglesias”, denunció Molina.
“La Iglesia atraviesa un calvario que parece no tener fin”, expresó la investigadora, quien subrayó que hay sacerdotes que prefieren no hacer públicas las restricciones que enfrentan por temor a represalias. “Muchas comunidades rurales están sin sacerdotes. Algunos reciben seminaristas, pero no es lo mismo. La gente quiere confesarse, celebrar su fe… y no puede”.
Desde 2018, la represión contra la Iglesia Católica en Nicaragua ha incluido la expulsión de congregaciones, la confiscación de bienes, la vigilancia policial a los templos, detenciones arbitrarias y campañas de difamación pública.
