La decisión de la administración del expresidente Donald Trump de imponer un arancel del 19 % a las exportaciones de Nicaragua hacia Estados Unidos, la más alta en América Latina, marca un giro drástico en las relaciones comerciales entre ambos países y amenaza con debilitar aún más una economía ya golpeada por la crisis política, advirtieron expertos.
La medida, aunque enmarcada en una revisión de asimetrías comerciales dentro del Tratado de Libre Comercio CAFTA-DR, responde también a preocupaciones profundas sobre la falta de libertades económicas y violaciones sistemáticas a los derechos humanos por parte del régimen de Daniel Ortega.
“La sanción arancelaria a Nicaragua no solo obedece a una lógica de déficit comercial, sino también al comportamiento autoritario del régimen, que ha violado principios fundamentales de un mercado libre y justo”, explicó el politólogo Manuel Orozco, experto en relaciones hemisféricas y comercio exterior.
Impacto directo en la rentabilidad empresarial
Según Orozco, la imposición del nuevo arancel tiene efectos inmediatos en la competitividad de las exportaciones nicaragüenses.
“La rentabilidad neta de las empresas exportadoras podría caer del 32% al 14%, lo cual obliga a revisar profundamente su viabilidad de permanecer en el país”, afirmó.
A diferencia del resto de países del CAFTA-DR, a quienes se les aplican aranceles reducidos del 10%, Nicaragua recibió un porcentaje casi duplicado, reflejo de un superávit comercial del 36% que ha generado fricciones con Washington.
Entre los sectores más afectados figuran el textil, los derivados del petróleo y productos avícolas, muchos de ellos con vínculos directos con intereses empresariales de la familia Ortega.
Fuga de empresas, reducción de empleos y crisis social
Orozco advierte que el incremento del arancel podría motivar una reubicación de operaciones de empresas radicadas en Managua hacia países vecinos, como Honduras o El Salvador, donde los costos son ahora más competitivos.
“La posibilidad de migrar operaciones puede elevar las utilidades empresariales a un 22%, similar a los estándares en otros países del tratado, lo que representa un incentivo claro para abandonar Nicaragua”, señaló.
Además del golpe financiero, el especialista destaca factores no económicos que inciden en la decisión empresarial, como la inseguridad jurídica, extorsión fiscal y el temor entre trabajadores por represalias del régimen.
“No se trata solo de rentabilidad, también está en juego la integridad de las personas y el riesgo político de operar en un entorno hostil”, advirtió Orozco.
Entre las posibles respuestas empresariales a corto plazo figuran la reducción de plantilla laboral hasta en un 10% y el encarecimiento de los productos al consumidor final. Pero en el largo plazo, el riesgo más preocupante es una nueva ola migratoria motivada por la pérdida de empleos y el estancamiento económico.
Reacción oficial y camino incierto
Ante la sanción arancelaria, el régimen de Ortega ha anunciado la creación de una comisión económica de alto nivel que buscará una “respuesta nacional integral” no solo frente al arancel del 19%, sino ante la eventual suspensión de Nicaragua del tratado CAFTA-DR y otras posibles sanciones económicas internacionales.
Así lo anunció la co dictadora Rosario Murillo, quien se guardó sus discursos de odio y de tono incendiario y tóxico contra las medidas adoptadas por Trump. A la vez, una comisión de alto nivel viajaría a China para acelerar acuerdos de libre comercio y planes de crédito, en busca de un salvavidas ante la tormenta estadounidense.
Sin embargo, Orozco señala que “la reacción del gobierno parece más centrada en la confrontación que en la solución. Lo que debería hacer es buscar una salida diplomática para normalizar relaciones, dar señales de apertura política y restaurar derechos fundamentales, incluidos los de la diáspora exiliada”.
“La solución es política, no económica”
Desde San José, el politólogo costarricense Carlos Murillo coincide en que la crisis que enfrenta Nicaragua tras las sanciones arancelarias no tiene una salida técnica ni comercial, sino esencialmente política.
“Lo lógico sería que el régimen de Ortega adoptara una estrategia de moderación política, de acercamiento a los lineamientos de Washington y se alejara de alianzas con actores como China y Rusia, que no representan una alternativa real al mercado estadounidense”, explicó Murillo.
Sin embargo, advirtió que “conociendo la naturaleza radical del sandinismo en el poder, lo más probable es que Nicaragua profundice su aislamiento internacional y acelere su declive económico”.
Para Murillo, la permanencia de Nicaragua en el CAFTA-DR depende directamente de su capacidad de rectificar en materia de derechos humanos, libertades económicas y seguridad jurídica. “El problema no es el comercio, sino la dictadura”, sentenció.
Entre la guerra comercial y la salida democrática
Orozco concluye que el régimen se encuentra en una encrucijada: “Tiene dos caminos. Uno es continuar por la vía del conflicto, lo que agravaría la crisis económica, provocaría más migración y aislamiento internacional”.
“El otro es iniciar un acercamiento político con Estados Unidos y la comunidad internacional, comenzar a democratizar el país y mejorar la seguridad jurídica. Solo así podrá restablecerse la confianza y atraer inversiones”.
La imposición de aranceles marca un punto de inflexión que no solo redefine las relaciones económicas entre Nicaragua y su principal socio comercial, sino que también pone sobre la mesa la urgencia de una transformación política que permita al país salir del aislamiento y el deterioro económico.
