El Reino Unido impuso este miércoles sanciones contra siete altos funcionarios y exfuncionarios guatemaltecos, entre ellos el expresidente Alejandro Giammattei y la fiscal general María Consuelo Porras, acusados de socavar la democracia y el Estado de derecho en el país centroamericano.
Las medidas forman parte de un paquete internacional más amplio contra individuos corruptos vinculados también a Moldavia y Georgia, anunció el secretario de Relaciones Exteriores británico, David Lammy, como parte de su campaña para combatir la corrupción y el dinero sucio en todo el mundo.
Además de Giammattei y Porras, las sanciones afectan al jefe de la Fiscalía Especial Contra la Impunidad (Rafael Curruchiche), la fiscal Cinthia Monterroso, el secretario general del Ministerio Público Ángel Pineda, el exdirector del Instituto Nacional de Electrificación Melvin Ernesto Quijivix Vega y el exjefe del Centro de Gobierno y pareja de Giammattei, Miguel Martínez.
Durante su mandato, Giammattei presuntamente orquestó un esquema de corrupción de alto nivel, favoreciendo la reelección de Porras para manipular investigaciones y perseguir a opositores políticos, abogados, jueces y periodistas. Según el Reino Unido, Porras intentó frenar la transición de poder hacia el actual presidente Bernardo Arévalo en 2024 y trató de anular los resultados electorales de 2023.
Asimismo, se señala que el exfuncionario Quijivix malversó más de $1.5 millones (14.5 millones de quetzales) del erario durante su gestión en el Instituto Nacional de Electrificación. La investigación también apunta a un presunto soborno recibido por Giammattei de una empresa minera rusa, a cambio de licencias y acceso preferencial a puertos, lo cual fue documentado por el desaparecido diario El Periódico, cuyo fundador, José Rubén Zamora, fue posteriormente encarcelado.
Las personas sancionadas no podrán ingresar al Reino Unido ni disponer de bienes o fondos en dicho país ni en sus territorios de ultramar, de acuerdo con la disposición británica.
“El periodismo independiente y la sociedad civil han sido claves para destapar estos casos, pero han sido duramente reprimidos por el pacto de impunidad que ha gobernado en Guatemala”, indicó el comunicado del gobierno británico.
El Reino Unido reiteró su compromiso con el pueblo guatemalteco en la defensa de la democracia, la transparencia y la rendición de cuentas, y advirtió que continuará aplicando medidas contra quienes intenten enriquecerse a costa del debilitamiento institucional del país.
