El Salvador se ha consolidado como un país de tránsito para las drogas ilícitas, desempeñando un papel fundamental en los esfuerzos de interceptación del narcotráfico con destino a los Estados Unidos, señaló este lunes el Informe de la Estrategia Internacional de Control de Narcóticos del Departamento de Estado de los Estados Unidos.
“El Salvador mantiene su firme compromiso y capacidad para combatir el narcotráfico transnacional, desmantelar los patrones de tráfico y mejorar sus programas de intercambio de información”, afirma el reporte.
El informe de la Oficina de Asuntos Internacionales de Narcóticos y Aplicación de la Ley reconoce que a pesar de su posición geográfica estratégica, el país ha logrado reducir significativamente el tránsito terrestre de drogas, obligando a las organizaciones criminales a buscar rutas marítimas alternativas.
“El Salvador ha fortalecido su capacidad de interceptación de droga con la colaboración de los Estados Unidos. Gracias a esta cooperación, la Armada salvadoreña ha realizado incautaciones de drogas a más de 1,000 millas de su costa, superando los límites operacionales de muchas armadas latinoamericanas”, subraya el informe que se publica anualmente y sirve para señalar los avances o retrocesos en la lucha contra el narcotráfico por parte de los países del mundo.
El informe menciona como uno de los avances más significativos ha sido la expansión de la Unidad Química de la Policía Nacional Civil (PNC), lo que ha permitido una mayor auditoría sobre las empresas farmacéuticas para prevenir la desviación de químicos hacia la producción ilícita de drogas sintéticas.
“Como resultado, en 2024, la División Antinarcóticos (DAN) incautó 101 ampollas de fentanilo de grado farmacéutico, evidenciando un compromiso creciente en la detección de sustancias peligrosas”, dice el informe.
El reporte indica que entre enero y septiembre de 2024, la DAN incautó 8.1 toneladas métricas de cocaína, el 99.8 % de ellas en operativos marítimos. Además, se decomisaron 383 kilogramos de marihuana, 1.78 kg de crack, 0.41 kg de metanfetamina y más de $371,000 en efectivo.
“Esto representó un incremento del 161% en las incautaciones de cocaína en comparación con el año anterior”, afirma.
El Departamento de Estado afirma que el fortalecimiento de la Armada salvadoreña y la Sección de Respuesta Operativa Marítima Táctica (STORM) ha permitido mejorar las capacidades de interceptación mediante la expansión de la flota, capacitaciones y renovaciones de infraestructura.
“La Armada salvadoreña ha realizado la mayoría de las interceptaciónnes a gran escala en rutas marítimas, a distancias que a menudo superan el alcance de otras armadas latinoamericanas. El Salvador continúa preparándose para las nuevas amenazas que representan las drogas sintéticas, al tiempo que se centra en el desarrollo de capacidades y una nueva atención a la prevención”, dice el reporte.
En los primeros nueve meses de 2024, se realizaron ocho incautaciones en alta mar, resultando en la detención de 73 extranjeros implicados en el transporte de drogas, cita el informe.
“El Salvador ha demostrado un fuerte compromiso en la lucha contra el narcotráfico, destacándose por su capacidad de interdicción marítima, colaboración internacional y esfuerzos de prevención del consumo de drogas. Sin embargo, el país enfrenta desafíos importantes, como la corrupción y la necesidad de fortalecer sus instituciones judiciales y de seguridad. La cooperación con Estados Unidos seguirá siendo crucial para abordar estas problemáticas y garantizar la estabilidad y seguridad del país en el futuro.
El informe señala que aunque el gobierno de El Salvador no promueve ni facilita el tráfico de drogas, la corrupción sigue siendo un reto.
“Si bien no es inmune a la corrupción, El Salvador demuestra su compromiso con la identificación y el procesamiento judicial de la corrupción dentro de sus unidades policiales.
Los desafíos económicos de El Salvador brindan oportunidades para las organizaciones criminales transnacionales y los narcotraficantes. El Salvador necesita continuar fortaleciendo sus instituciones de justicia penal, mejorar la transparencia y apoyar los objetivos de política con fondos y personal adecuados”, advierte el reporte.
