El Parlamento Centroamericano (Parlacen) concedió la condecoración San Óscar Arnulfo Romero a la procuradora general de Nicaragua, Wendy Carolina Morales Urbina, por su labor en defensa de los derechos humanos, un reconocimiento que ha generado polémica debido a las denuncias internacionales contra la funcionaria por violaciones a los derechos fundamentales en su país.
Morales se convirtió en la primera funcionaria centroamericana en recibir este galardón, establecido en septiembre de 2024, con el propósito de reconocer a líderes que han demostrado “valentía y compromiso en la defensa de los derechos humanos en la región”.
Sin embargo, su designación ha sido duramente cuestionada, pues la ONU la señala como una de las responsables de la confiscación de bienes en Nicaragua.
Morales, sancionada por confiscaciones a opositores
Lejos de representar un símbolo de defensa de los derechos humanos, Wendy Morales ha sido sancionada por su papel en la expropiación de bienes a opositores de la dictadura de Daniel Ortega y Rosario Murillo.
En 2024, la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) del Departamento del Tesoro de Estados Unidos sancionó a Morales por su rol en la confiscación de propiedades de ciudadanos nicaragüenses, entre ellos periodistas, defensores de derechos humanos y miembros de la Iglesia católica.
Asimismo, el informe del Grupo de Expertos en Derechos Humanos sobre Nicaragua (GHREN) de la Organización de Naciones Unidas (ONU) la señala como una de las responsables de ejecutar órdenes de despojo contra organizaciones civiles y religiosas, alineándose con las políticas represivas del régimen sandinista.
Bajo su mandato como procuradora, el gobierno de Ortega ejecutó la confiscación masiva de universidades, medios de comunicación y ONG, incluyendo la sede del diario La Prensa y propiedades de opositores exiliados, a quienes también se les retiró la nacionalidad.
Bajo la sombra de Ortega
La entrega de la condecoración tuvo lugar en la subsede del Parlacen en Nicaragua y fue presidida por representantes de la Comisión de Derechos Humanos del organismo, entre ellos los nicaragüenses Guillermo Daniel Ortega Reyes, Aída Ester Blanco Talavera, Doris María Tijerino Haslam y Socorro Reyes Lara, todos vinculados con el oficialismo del país.
Antes, el Parlacen había enviado una comisión de observación electoral a Abjasia, un Estado ruso apenas reconocido por cinco países, entre ellos la dictadura de Nicaragua.
El acto, ampliamente difundido en las redes sociales del Parlacen, ha sido interpretado como una muestra más de la influencia del sandinismo dentro de la estructura del organismo regional. Especialistas en política centroamericana advierten que este tipo de decisiones reflejan la pérdida de credibilidad del Parlacen y su rol como un instrumento al servicio de gobiernos con agendas particulares.
Un organismo sin peso en la región
Para el analista en relaciones internacionales Carlos Murillo Zamora, la entrega de esta condecoración confirma el papel cada vez más irrelevante del Parlacen en la política centroamericana.
“El Parlacen nunca ha sido un órgano relevante en la región. Nunca se completó en términos de adhesión plena de todos los países y los que sí son miembros lo aceptan solo cuando les conviene. Con el tiempo, también se convirtió en un refugio para muchas personas que, sin peso en sus países, adquieren inmunidad al formar parte de este parlamento”, explicó Murillo.
Según el experto, el Parlacen ha pasado de ser un foro de integración regional a una entidad subordinada a los intereses políticos de los gobiernos de turno.
“No es de extrañar que se haya convertido en un órgano al servicio de ciertas administraciones, utilizado para tomar decisiones irrelevantes que solo benefician a grupos específicos. Desde esa perspectiva, el Parlacen no cumple con la naturaleza de lo que debería ser un parlamento regional”, subrayó.
La condecoración a Morales Urbina se suma a una serie de decisiones recientes del Parlacen que han sido interpretadas como una estrategia del sandinismo para fortalecer su influencia en la región.
Mientras tanto, organismos internacionales continúan documentando las violaciones a los derechos humanos en Nicaragua y cuestionando el papel de las instituciones que respaldan al régimen de Daniel Ortega.
