La Asamblea Legislativa de El Salvador aprobó una reforma a la Ley Bitcoin, modificando aspectos clave de la legislación que fue implementada en 2021. Con esta reforma, se elimina la obligación de aceptar la criptomoneda como forma de pago, tanto por parte de empresas como de instituciones públicas.
Los cambios afectan principalmente los artículos 1 y 7 de la ley original. El artículo 1 fue ajustado para que las transacciones con bitcóin sean voluntarias, permitiendo que solo los ciudadanos y las empresas privadas decidan si desean o no utilizar la criptomoneda. Anteriormente, el Estado y las instituciones públicas estaban obligados a aceptarla como medio de pago. Por su parte, el artículo 7, que antes obligaba a los agentes económicos a aceptar bitcóin cuando se les ofreciera, ha sido modificado para permitir que las empresas decidan libremente si la aceptan.
La reforma también incluye un cambio importante respecto al pago de deudas del Estado, especificando que el Gobierno deberá cumplir con sus obligaciones, tanto a nivel local como internacional, en la moneda en la que fueron contraídas, eliminando la obligatoriedad de realizar pagos en bitcóin.
Además, la reforma deroga varios artículos clave de la ley de 2021. Entre ellos, aquellos que permitían el uso del bitcóin para el pago de impuestos y la obligación estatal de garantizar la conversión automática de la criptomoneda a dólares. La eliminación de estos mecanismos y la reforma de la normativa reflejan una transformación en la política económica del país, donde el bitcóin ya no será considerado una moneda de curso legal, aunque seguirá siendo una opción para el sector privado.
A pesar de que el bitcóin ya no tendrá estatus legal como moneda, el Gobierno mantendrá el acceso a la billetera Chivo Wallet y al fideicomiso de convertibilidad para transacciones privadas, aunque no se descarta que la plataforma pueda ser descontinuada o vendida.
La reforma se produce en un contexto de cambios económicos más amplios, con El Salvador recientemente alcanzando un acuerdo con el Fondo Monetario Internacional (FMI) para un préstamo de 1.400 millones de dólares, en el cual se incluyen condiciones vinculadas al uso de la criptomoneda.
A nivel popular, la adopción del bitcóin ha sido rechazada por una gran parte de la población. Según diversas encuestas, en 2024, un 92% de los salvadoreños no utilizó bitcóin, lo que marca un descenso significativo en su uso desde que fue introducido hace más de tres años.
La directora de la Oficina Nacional de Bitcoin, Stacy Herbert, destacó que el bitcóin continuará siendo una opción de inversión en el sector privado, aunque su rol como moneda legal se ha reducido drásticamente.
