El político guatemalteco Roberto Arzú, excandidato presidencial, dijo que su inscripción en las elecciones de 2023 fue bloqueada por un grupo de poderosos con la connivencia del expresidente Alejandro Giammattei.
Esta acusación se produce después de que la Comisión Presidencial por la Paz y los Derechos Humanos (Copadeh) firmara un acuerdo de solución amistosa en el que el Estado guatemalteco reconoce haber violado los derechos civiles y políticos de Arzú y su compañero de fórmula, David Pineda, al impedirles postularse a la Presidencia y Vicepresidencia.
El acuerdo fue una respuesta a una resolución de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), que ordenó al gobierno de Guatemala ofrecer una disculpa pública y un resarcimiento económico a los políticos afectados. Sin embargo, ambos renunciaron al resarcimiento económico y lo que consideran un “precedente histórico” para la democracia del país.
#AHORA Roberto Arzú: “Les garantizo que sus días de injuria, corrupción e impunidad pronto llegarán a su fin” | Vía @noel_solis pic.twitter.com/xfVG1N6u9H
— Emisoras Unidas (@EmisorasUnidas) January 27, 2025
“Un sociópata y su conviviente secuestraron las instituciones con el único propósito de perpetuarse en el poder”, denunció Arzú durante la conferencia de prensa.
En su intervención, Arzú no dudó en señalar directamente a Giammattei como el principal responsable de lo que consideró una violación sistemática de la democracia guatemalteca, en la que un “pacto de corruptos” se alió con jueces, magistrados y fiscales para evitar su inscripción como candidato presidencial. Según Arzú, los motivos presentados por el Tribunal Supremo Electoral (TSE) para descalificar su postulación fueron “espurios, ridículos y abiertamente ilegales.”
El político destacó que durante la campaña electoral fue objeto de amenazas, persecución y agresiones de todo tipo, y que esta estrategia fue orquestada para silenciar sus denuncias sobre lo que calificó como el saqueo y la corrupción del gobierno de Giammattei, incluida la sobrevaloración de las vacunas contra el COVID-19 y el robo de medicamentos en los hospitales públicos.
“Lo que más les molestaba de mí eran mis denuncias”, subrayó Arzú. “Ellos se ponían nerviosos cuando hablaba sobre el robo de los medicamentos y las condiciones de los pacientes en los hospitales durante la pandemia. Aun hoy les aterra que cumpla mis promesas de procesarlos por los desmanes y las muertes de guatemaltecos causadas por su codicia enfermiza.”
El acuerdo alcanzado por Arzú y Pineda con el gobierno no involucra compensación económica, pero sí una disculpa pública y un compromiso formal de garantizar que tales violaciones no se repitan en futuras elecciones.
Arzú no dejó pasar la oportunidad de arremeter contra el presidente que gobernó de 2020 al 2024.
En sus declaraciones, expresó que este acuerdo no solo valida su denuncia, sino que también sienta un precedente crucial para evitar que, en el futuro, otros grupos de poder puedan atentar contra los derechos democráticos de los ciudadanos. “Con esta resolución les estamos diciendo a Giammattei y a sus lacayos que los guatemaltecos no vamos a permitir que un tirano miserable vuelva a tomar el control del país”, dijo Arzú.
El político finalizó su intervención expresando su satisfacción por el reconocimiento oficial de las violaciones a sus derechos y la lucha por garantizar la democracia en Guatemala.
“Hoy estamos blindando la democracia para que este tipo de abusos no se repitan”, concluyó.
