Dos mujeres salvadoreñas y una hondureña -las tres embarazadas- presentaron el viernes una demanda en una corte federal estadounidense contra el presidente Donald Trump alegando que su orden ejecutiva que pretende prohibir la ciudadanía por derecho de nacimiento viola sus derechos.
La demanda fue presentada por el Northwest Immigrant Rights Project en nombre de Alicia Chavarría López, Cherly Norales Castillo y Delmy Franco Alemán, pero se argumenta en nombre de todos los demás ubicados de manera similar en Washington. Las mujeres no son ciudadanas ni residentes permanentes legales, según la demanda.
Alemán, una mujer de Lynnwood de El Salvador, se le ha concedido “suspensión de deportación” y ha vivido en los Estados Unidos desde 2015. Su fecha de parto es el 26 de marzo. Castillo, una mujer de Seattle de Honduras, está en proceso de deportación y presentó una solicitud de asilo. Su fecha de parto es el 19 de marzo. López, una mujer de Bothell de El Salvador, también ha presentado una solicitud de asilo. Su fecha de parto es el 21 de julio.
La demanda colectiva, presentada en el Tribunal de Distrito del Distrito Occidental del estado de Washington, al noroeste de Estados Unidos, argumenta que algunos niños podrían quedar “apátridas” bajo la orden ejecutiva, no reconocidos como ciudadanos en los Estados Unidos o en los países de origen de sus padres. Incluso si fuera legalmente posible, algunos países, incluido Venezuela, no ofrecen servicios consulares para verificar la ciudadanía en los Estados Unidos.
“La ciudadanía es el marcador fundamental de pertenencia a este país”, afirma la demanda, citada por el diario Seattle Times.
“De hecho, sin ciudadanía, los bebés que pronto nacerán en este país a los que el presidente Trump busca unilateral e inconstitucionalmente despojar de la ciudadanía se quedarán sin ningún estatus de inmigración legal”, arega la demanda.
La orden ejecutiva de Trump ha atraído rápidamente la oposición como una afrenta al derecho constitucional y fue prohibida temporalmente por un juez federal en Seattle, entre otros en todo el país. Se establece en la Constitución que toda persona nacida en suelo estadounidense es ciudadano. La 14a Enmienda dice: “Todas las personas nacidas o naturalizadas en los Estados Unidos, y sujetas a su jurisdicción, son ciudadanos de los Estados Unidos”.
Además de Trump, la demanda nombra al Secretario de Estado Marco Rubio, al Departamento de Estado, al Fiscal General en funciones James McHenry, al Departamento de Seguridad Nacional, a la Administración de la Seguridad Social, al Departamento de Agricultura y a los Centros de Servicios de Medicare y Medicaid.
La orden ejecutiva de Trump busca limitar la ciudadanía por derecho de nacimiento a las personas que tienen al menos un padre que sea ciudadano estadounidense o residente permanente. También establece que a los nacidos de padres que están en el país legalmente pero temporalmente ya no se les garantizará automáticamente la ciudadanía.
Si se implementa, argumenta la demanda, la orden podría dejar a los niños nacidos a solo unos días de diferencia con diferentes estados de ciudadanía.
Según la presentación, a Alemán le preocupa que su hijo por nacer pueda ser un objetivo de la aplicación de la ley de inmigración y pueda enfrentar la posibilidad de ser deportado a El Salvador, “un país del que huyó por su propia seguridad”.
Los niños nacidos de estas mujeres pueden no tener el mismo acceso a la educación, la autorización de trabajo y otros beneficios de la ciudadanía, argumenta la demanda. La demanda pide al tribunal que instenga a la administración de Trump hacer cumplir la orden ejecutiva y declare que la orden viola la Enmienda 14.
La orden de Trump argumenta que la 14a Enmienda “siempre ha” excluido a las personas cuyos padres están en el país ilegalmente porque no están “sujetos a la jurisdicción” de los Estados Unidos.
