La policía al servicio de la dictadura sandinista oficializó este martes la creación de fuerzas paramilitares en Nicaragua, legalizando así estas estructuras armadas que provocaron un baño de sangre en las protestas de abril de 2018.
El acto de juramentación de 1,500 paramilitares, con pasamontañas y ropa civil, denominados como “policías voluntarios”, ocurrió en la norteña ciudad de Estelí y fue presidido por autoridades del partido sandinista.
Las fuerzas paramilitares, según el régimen, buscan “garantizar la seguridad ciudadana”, pero han generado preocupación y rechazo por amplios sectores de la población y organizaciones defensoras de derechos humanos.
Esta estructura armada, denominado el bloque “comandante Julio Buitrago Urroz”, fue presentada como un cuerpo auxiliar de la policía del régimen.
El acto fue encabezado por el alcalde sandinista de Estelí, Francisco Valenzuela, sancionado por corrupción y violación de derechos humanos, quien destacó que la incorporación de estos elementos “refuerza” el trabajo policial en el mantenimiento de la paz.
“Hombres y mujeres valientes militantes del Frente Sandinista están en disposición combativa permanente para defender la revolución, para defender esa paz y esa tranquilidad”, afirmó Valenzuela en su discurso.
Por su parte, el primer comisionado de la dictadura, Francisco Díaz señaló que estos elementos armados representan “el compromiso del pueblo con la estabilidad”.
“Continuaremos protegiendo la paz de nuestro pueblo y los logros de nuestro gobierno”, dijo Díaz, sancionado por su papel en la comisión de crímenes de lesa humanidad y violación de derechos humanos.
La creación de esta fuerza ha desatado inquietud entre los críticos, quienes recuerdan los crímenes cometidos por los paramilitares durante las protestas de abril de 2018.
Según informes de organismos de derechos humanos como la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), Oficina del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos y el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI), estos grupos, en coordinación con la policía y armados por el ejército de Nicaragua, ejecutaron la denominada “Operación Limpieza”, con la que el régimen neutralizó violentamente las manifestaciones que surgieron tras las polémicas reformas a la seguridad social.
Entre abril y julio de 2018, más de 355 personas fueron asesinadas, la mayoría a manos de fuerzas parapoliciales y paramilitares, según datos de la CIDH.
Los testimonios documentados relatan ejecuciones extrajudiciales, desapariciones forzadas, torturas, violaciones sexuales y uso excesivo de la fuerza por parte de estos grupos.
La juramentación de estos paramilitares se produce en un contexto donde el régimen sandinista busca legalizar este cuerpo a través de una reforma constitucional en discusión para ser aprobada.
Los opositores advierten que esta medida institucionaliza a los grupos paramilitares, quienes ya han sido señalados por su rol en las violaciones sistemáticas de derechos humanos en Nicaragua.
La comunidad internacional sigue observando con preocupación el fortalecimiento de estas fuerzas en un país que, seis años después de las revueltas de 2018, continúa marcado por la represión y la ausencia de democracia.
