El Ministerio Público (MP), a través de la Fiscalía Especial de Derechos Humanos (FEDH), presentó un requerimiento fiscal contra 3 exaltos mandos militares hondureños: Romeo Orlando Vásquez Velásquez, exjefe del Estado Mayor Conjunto; Venancio Cervantes Suazo, exsubjefe; y Carlos Roberto Puerto Fúnez, excomandante del Comando de Operaciones Especiales.
Los 3 son señalados por suponerlos responsables de homicidio y lesiones graves en perjuicio de los ciudadanos Isis Obed Murillo Mencías y Alex Roberto Zavala Licona.
Vásquez Velásquez, ahora en el campo político, negó las acusaciones. Fue detenido L tarde de este domingo.
“¡No lograrán callarme! Nunca di una orden de atentar contra ningún hondureño. Hace meses vengo denunciando el intento del Gobierno comunista de callarme a cualquier costo”, publicó en redes sociales el militar en retiro.
Los hechos ocurrieron en julio de 2009, cuando miles de simpatizantes del entonces presidente José Manuel Zelaya Rosales se congregaron en las cercanías del Aeropuerto Internacional Toncontín, esperando su retorno al país tras el golpe de Estado.
!No lograrán Callarme! Nunca di una orden de atentar contra ningún Hondureño! Hace meses vengo denunciando el intento del Gobierno Comunista de callarme a cualquier costo. https://t.co/U7myJL0OTD
— Romeo Vásquez Velásquez (@RomeoVasquezAPH) January 5, 2025
Según el requerimiento fiscal, las Fuerzas Armadas, bajo las órdenes de los altos mandos acusados, utilizaron armas de alto poder y calibre para reprimir la manifestación, dejando un saldo trágico: el joven Isis Obed Murillo perdió la vida al recibir un disparo en la cabeza, mientras que Alex Roberto Zavala Licona resultó gravemente herido.
Brutalidad y violaciones a los derechos humanos
De acuerdo con las investigaciones del MP, las acciones militares fueron desproporcionadas y deliberadas.
Los elementos castrenses dispararon indiscriminadamente contra los manifestantes, violando flagrantemente los derechos humanos y el derecho constitucional a la protesta pacífica. Además, el informe subraya que estos crímenes no fueron incidentes aislados, sino parte de un operativo planificado y ejecutado bajo las órdenes de los altos mandos del Estado Mayor Conjunto.
El requerimiento destaca la negligencia de los oficiales acusados, quienes, en su calidad de responsables directos de planificar y supervisar el operativo, no solo permitieron la brutalidad de las tropas, sino que facilitaron estas violaciones mediante su inacción. Estas acciones, según la FEDH, constituyen graves delitos contra la vida y la integridad de los ciudadanos.
Vásquez Velásquez jugó un rol importante en el derrocamiento de Zelaya, esposo de la actual mandataria, quien pretendía montar una constituyente.
