Bajo la gestión de la fiscal general Consuelo Porras, el Ministerio Público (MP) de Guatemala ha experimentado notables retrocesos en su funcionamiento, según un reciente informe de la Convergencia por los Derechos Humanos.
El análisis, basado en datos oficiales proporcionados por el mismo MP a lo largo de los últimos 6 años, concluye que la institución ha sufrido un aumento en la ineficiencia, el mal uso de recursos y una creciente politización que afecta el Estado de derecho.
La confianza en el MP ha disminuido significativamente desde que Porras asumió el cargo. En 2019, se registró una caída en las denuncias, y en 2020 sólo se presentaron 290,776 casos, una disminución del 35 por ciento en comparación con 2018, el último año de gestión de su antecesora, Thelma Aldana.
Increíble ineficiencia a pesar del aumento de presupuesto
El informe, publicado por el Diario de Centro América, también critica la ineficiencia del MP, a pesar de contar con un presupuesto significativamente mayor.
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En 2024, el presupuesto asignado al Ministerio Público ascendió a $397.29 millones, un 240 por ciento más que el de administraciones anteriores.
Sin embargo, las métricas de eficiencia y calidad son alarmantemente bajas.
Según datos del MP, de los 3,820,472 expedientes gestionados durante la actual administración, solo el 8.6 % resultaron en acciones procesales efectivas, como sentencias, acusaciones y resoluciones alternativas.
Jorge Santos, de la Unidad de Protección a Defensores de Derechos Humanos de Guatemala (Udefegua), señaló que el costo de cada resolución también ha aumentado drásticamente.
En 2023, el costo promedio por resolución fue de $9,627, 3 veces más caro que en el periodo de las anteriores fiscales generales.
Santos advirtió que esta ineficiencia está afectando a la población, ya que el aumento en el presupuesto no se refleja en una mejora en los índices de eficiencia.
Desajustes en la resolución de casos y aumento de la impunidad
El informe también hace énfasis en la creciente impunidad, especialmente en casos graves como la violencia contra la mujer, el robo agravado y la extorsión. En estos delitos, los índices de impunidad superan el 94 %, con una efectividad de resolución que apenas alcanza entre el 1.6 y el 6 %.
La caída en las imputaciones y condenas es otro punto crítico señalado.
Mientras que durante los gobiernos de Claudia Paz y Paz y Thelma Aldana las imputaciones aumentaron, alcanzando un récord de 22,997 en 2018, durante la administración de Porras la cifra ha disminuido cada año, alcanzando su punto más bajo en 2020 con 14,001 imputaciones.
Además, las sentencias emitidas han disminuido en un 50 por ciento en 2020 y 2021, y un 30 por ciento en 2022 en comparación con el último año de gestión de Aldana.
Corrupción y uso político del MP
El análisis también señala cómo el MP ha sido utilizado como una herramienta para garantizar la impunidad de redes económicas ilícitas, mientras persigue a operadores de justicia que intentan contrarrestar la corrupción.
Según Nery Rodenas, de la Oficina de Derechos Humanos de la Arquidiócesis de Guatemala (ODHAG), el 87 por ciento de las decisiones procesales tomadas durante el mandato de Porras han sido destituciones y archivos, lo que ha dejado a las víctimas sin acceso a la justicia.
Porras también figura en la lista Engel del Departamento de Estado de Estados Unidos, acusada de obstruir investigaciones de corrupción y proteger a sus aliados políticos, acciones que, según el informe, atentan contra la democracia y el Estado de derecho.
Exigen cambios urgentes en el MP
El informe concluye que la gestión de Consuelo Porras representa un incumplimiento de sus funciones constitucionales y está socavando la institucionalidad del MP.
Para Jorge Santos, la falta de resultados en la resolución de casos, los índices de impunidad y el mal uso de los recursos públicos exigen una evaluación independiente y objetiva de la gestión de Porras.
El diputado Samuel Pérez, del partido Movimiento Semilla, también expresó su preocupación, destacando que bajo el mandato de Porras el MP ha priorizado la persecución política y ha dejado de lado la investigación de casos que afectan a la población.
Pérez agregó que el Congreso está impulsando una reforma a la Ley Orgánica del MP para permitir su destitución.
“Es urgente la designación de un fiscal especial o un mecanismo independiente para evaluar su responsabilidad administrativa, civil y penal”, concluyó Santos.
Reacción del Ministerio Público
Ante la publicación del informe, el Ministerio Público rechazó los hallazgos y calificó el documento como “erróneo y falso”.
Según el MP, durante la gestión de Porras se ha logrado resolver el 99 % de los casos heredados de administraciones anteriores, y se ha alcanzado una efectividad del 97 % en la resolución de nuevos casos. Sin embargo, tanto Santos como Rodenas sostienen que los datos utilizados en el análisis provienen de los propios informes del MP, que fueron objeto de un análisis detallado.
