El país de la “pura vida” se prepara para un cambio significativo en el acceso a tratamientos médicos con la inclusión del cannabis medicinal en el sistema de salud. A partir de enero de 2025, las farmacias del país comenzarán a vender productos derivados de la hierba.
Así lo informó a la prensa local Thomas McCullen, director ejecutivo de la farmacéutica Green Mountain Medical, encargada del suministro de derivados de la hierba.
Este cambio se da tras la implementación del reglamento a la Ley número 10113 sobre cannabis medicinal y cáñamo, vigente desde el 18 de octubre en el país centroamericano.
La medida responde a la creciente demanda por parte de la industria y los pacientes para contar con una regulación que permita la comercialización y el uso terapéutico de estos productos.
De acuerdo con McCullen, los productos disponibles incluirán una amplia variedad que va desde la flor pura de cannabis hasta aceites, extractos, gomitas y galletas, diseñados para su uso medicinal.
Capacitación médica y regulación estricta
Antes de que estos productos lleguen a los estantes de las farmacias, los médicos costarricenses recibirán capacitación sobre los beneficios y aplicaciones del cannabis medicinal.
En este marco, el médico estadounidense Dustin Sulak, conocido por su experiencia en el uso terapéutico del cannabis, visitará el país para compartir sus conocimientos con los profesionales de salud locales.
La capacitación busca asegurar que los médicos estén preparados para prescribir estos tratamientos de manera adecuada y segura, siguiendo las pautas establecidas por el Ministerio de Salud.
Los productos derivados del cannabis serán clasificados en dos categorías: “producto seco”, que incluye flores e inflorescencias, y “producto de dosificación”, con concentraciones específicas de cannabinoides como el CBD y el THC.
Esta reclasificación permite que estos productos sean considerados como terapéuticos y no estrictamente como medicamentos, facilitando su venta con una receta médica.
Las farmacias que deseen ofrecer estos productos deberán contar con licencia de fabricación para preparar formulaciones magistrales, asegurando un control de calidad riguroso.
El impacto económico y social de la regulación
La regulación del cannabis medicinal en Costa Rica podría tener un impacto positivo no solo en el acceso a tratamientos médicos, sino también en la economía y el sistema penitenciario del país, según los registros del debate parlamentario de 2022, cuando se introdujo la iniciativa.
Según los expertos, el desarrollo del mercado del cannabis abrirá nuevas oportunidades de negocio en diversas áreas, como la importación de semillas, el cultivo, la industrialización de productos, y la venta en dispensarios y farmacias.
Esto no solo generará nuevas fuentes de empleo, de acuerdo al cálculo de los legisladores, sino también un flujo adicional de ingresos fiscales a través de impuestos, que podrán ser utilizados para financiar programas de educación y prevención sobre el consumo responsable del cannabis.
Además, se espera que la despenalización de la venta del cannabis medicinal contribuya a reducir la cantidad de personas encarceladas por delitos relacionados con la posesión o venta de marihuana, desahogando así el sistema penitenciario.
La medida también se presenta como un reconocimiento de la realidad del consumo en Costa Rica, ya que un informe del Instituto sobre Alcoholismo y Farmacodependencia (IAFA) estimó en 2015 que cerca del 20% de la población consumía cannabis.
Un paso hacia la regulación integral del cannabis
La implementación del reglamento y la apertura de la venta en farmacias representan un avance hacia una regulación integral del cannabis medicinal en Costa Rica, posicionando al país junto a otros que han adoptado políticas progresistas en esta materia, como Canadá y varios estados de Estados Unidos.
La normativa también refuerza el compromiso del Estado de garantizar la calidad, el control y la trazabilidad de estos productos, con el objetivo de asegurar que los pacientes accedan a tratamientos alternativos de manera segura y reducir el tráfico de hierba con fines de crimen organizado.
