Un reciente informe de la Asociación Intercultural de Derechos Humanos (ASIDEHU) y la organización InMemoria ha revelado que los refugiados y solicitantes de asilo en Costa Rica se enfrentan a significativas barreras para acceder a sus derechos fundamentales.
El estudio, realizado entre agosto y septiembre de 2024 entre 25 personas que han recibido asistencia de ASIDEHU, destaca la creciente xenofobia y la precariedad económica que afectan a esta población vulnerable, en su mayoría compuesta por nicaragüenses que huyen de la represión política en su país.
De acuerdo con el informe, el 90 % de los encuestados ha sufrido algún tipo de xenofobia, que va desde la discriminación laboral hasta la prohibición de hablar su lengua nativa en espacios públicos.
Además, el 88 % de los participantes reportó que sus ingresos son inferiores al salario mínimo, lo que les dificulta cubrir necesidades básicas como vivienda y alimentación.
“El Estado debería cumplir su papel como país signatario de los tratados internacionales de derechos humanos y garantizar estos derechos a las personas refugiadas”, expresó uno de los entrevistados, reflejando el sentimiento generalizado entre la comunidad de desplazados.
Contexto de la crisis migratoria en Costa Rica
Desde 2018, Costa Rica ha sido uno de los principales destinos para los nicaragüenses que huyen de la persecución del régimen de Daniel Ortega.
Las protestas masivas que estallaron en Nicaragua ese año fueron reprimidas con violencia por el gobierno, provocando una ola de exilio que ha crecido exponencialmente.
Según cifras oficiales, más de 250.000 nicaragüenses han buscado refugio en Costa Rica en los últimos seis años, lo que ha generado una sobrecarga en los servicios sociales del país.
El estudio también destaca la falta de conocimiento sobre los programas gubernamentales disponibles para los refugiados, ya que el 80 % de los encuestados manifestó no estar al tanto de las iniciativas estatales que buscan garantizar sus derechos, con la única excepción del Instituto Mixto de Ayuda Social (IMAS).
Preocupación por el retroceso en políticas migratorias
El informe advierte que, tras el cambio de gobierno en Costa Rica en 2022, se ha percibido un retroceso en el acceso a derechos para la población refugiada, con políticas que no favorecen a los migrantes.
Entre las recomendaciones de los refugiados al gobierno destacan la necesidad de una campaña efectiva contra la xenofobia y una mayor capacitación en derechos humanos para los funcionarios públicos.
La comunidad también exige un acceso más inclusivo a los servicios de salud y mayor transparencia en el uso de los fondos de cooperación internacional destinados a programas de ayuda a refugiados.
Recomendaciones y acciones urgentes
ASIDEHU hizo un llamado a las autoridades costarricenses para que tomen medidas inmediatas que garanticen los derechos humanos de los refugiados.
Entre las principales recomendaciones del informe se encuentran la implementación de programas de sensibilización para combatir la xenofobia y la creación de campañas de acceso a derechos específicos para la población refugiada.
El informe subraya que existe una necesidad urgente de agilizar la comunicación entre las autoridades migratorias y otras instituciones para evitar los obstáculos burocráticos que dificultan el acceso de los refugiados a los servicios básicos.
Costa Rica ha sido reconocida históricamente por su política de puertas abiertas hacia los migrantes y su compromiso con los derechos humanos.
Sin embargo, el creciente flujo migratorio y la falta de recursos han puesto a prueba su capacidad de respuesta. La comunidad internacional, incluidos organismos como la ONU, ha instado al país a redoblar esfuerzos para atender la crisis migratoria sin descuidar sus compromisos humanitarios.
Este informe refleja una realidad que Costa Rica ha enfrentado durante años, pero que requiere de una respuesta integral que incluya el respaldo de la comunidad internacional y la implementación de políticas más inclusivas y garantistas.
