El Organismo de Investigación Judicial (OIJ) de Costa Rica reveló que un funcionario de la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS) eliminó 300 correos electrónicos y cuatro archivos de uno de los imputados en el caso de corrupción.
Esto ocurrió a pesar de que se había ordenado el bloqueo de las cuentas en el marco de una investigación por presuntos sobreprecios en la compra de servicios médicos.
El denominado caso Barrenador ha puesto en el centro de la controversia a cuatro cooperativas y una asociación que, según las autoridades, habrían incurrido en sobrecostos en contratos para 138 Equipos Básicos de Atención Integral en Salud (Ebáis) y 10 áreas de salud.
Las pesquisas del OIJ incluyeron 28 allanamientos realizados el pasado lunes, y las autoridades judiciales habían ordenado el respaldo de las cuentas electrónicas de los sospechosos desde tempranas horas de ese día.
Sin embargo, según la Policía Judicial, dos días después del bloqueo, un perito de la Sección Especializada de Cibercrimen descubrió que 300 correos electrónicos y varios archivos en la nube habían sido eliminados de una de las cuentas vinculadas a uno de los encartados en la causa.
Este hallazgo fue posible gracias a la revisión de la bitácora de acceso, que reveló que la cuenta había sido reactivada sin autorización mediante el uso de las credenciales de un alto funcionario de la CCSS, quien no se encontraba en funciones al momento de la acción, pues estaba de vacaciones.
La intervención se realizó desde una terminal en el Hospital Maximiliano Peralta, en Cartago, lo que ha generado sospechas sobre la posible participación de otro empleado de la institución en este acto ilícito.
El OIJ ha catalogado la eliminación de los correos como una “acción criminal orquestada”, lo que refuerza su tesis de que los allanamientos eran indispensables para evitar la destrucción de pruebas clave en el caso de corrupción.
En respuesta a esta violación de seguridad, la Policía Judicial ha anunciado que utilizará todas las herramientas forenses a su disposición para recuperar los archivos eliminados.
Además, ha advertido que, de ser necesario, se solicitará asistencia internacional para garantizar que este delito no quede impune.
Este incidente subraya la gravedad del escándalo que rodea el caso Barrenador, y pone en relieve los desafíos a los que se enfrenta la justicia costarricense en la lucha contra la corrupción dentro de las instituciones públicas.
